Ricardo Costa, el ex secretario del PP valenciano, confirmaba hace días en el banquillo lo que ya habían declarado otros testigos de la Gurtel y un racimo de empresarios, que el partido se ha financiado ilegalmente y con dinero negro, pero yo apenas prestaba oído a sus palabras porque no podía apartar la vista de la pulserita con los colores de la bandera de España que adornaba su muñeca izquierda. Allí permanecían fijos mis ojos mientras me preguntaba cómo es posible que Rajoy, un señor que se ampara en la ignorancia total, y que animó a Bárcenas a resistir y ser fuerte cuando ya se sabía que el ex tesorero mantenía abierta una cuenta multimillonaria en Suiza, siga presidiendo el Gobierno de España. Me preguntaba más: ¿Cuántos cientos de casos son necesarios para que dejen de tomar a la población por imbécil y continúen hablando de gente aislada que se sirvió del partido para enriquecerse? Peor que la corrupción oceánica que asola el país es acostumbrarse a ella, normalizarla, dar por buenas prácticas pestilentes que habrían provocado dimisiones en bloque y un castigo electoral terrible en cualquier democracia de nuestro entorno.

Eso pensaba viendo la pulserita de Costa: "España es suya". Como pensaba también en Granada, esta ciudad con los muertos tan vivos y los vivos tan muertos en la que el presidente del PP, Sebastián Pérez, tiene la desfachatez de criticar "el tufillo electoralista" de la denuncia por los contratos de Emucesa. El más vivo de nuestros vivos presidía el partido y era concejal del Ayuntamiento en los años en que un equipo del PP, con la mayoría de sus miembros investigados ahora por los tribunales, arruinaba por completo las arcas públicas. En ese tiempo, según Emucesa, cinco allegados a la organización cobraban sueldos de altos directivos en la empresa municipal de cementerios, entonces pública (y después privatizada, quizá, a la fuerza) sin que aparecieran jamás por allí. Los interrogantes se agolpan. Uno. ¿Trabajaban estos señores para el PP y lo pagaban todos los granadinos? Dos. ¿La propuesta la hizo la cuñada del presidente, la concejal María Francés, por puro capricho… o recibía órdenes de algún superior? Y tres. ¿El presidente no sabía nada? Si se demuestra la certeza de la denuncia, y Sebastián Pérez no responde con absoluta claridad a estas cuestiones, quedará absolutamente deslegitimado para competir por la Alcaldía de Granada. Quedan los jueces. Ellos decidirán si esto entra dentro de la "legalidad normalizada" o hay que analizarlo a la luz del código penal.