LA Junta de Andalucía se dispone a acometer, dentro de este primer trimestre de 2014, su proyecto de agilización de la actividad económica y simplificación de los trámites que han de seguir las empresas. Es el paso posterior ineludible al informe elaborado por la Consejería de Economía acerca de las trabas existentes para la puesta en marcha de las acciones de emprendimiento o para el desarrollo de nuevas acciones en empresas ya presentes en la vida económica de la comunidad autónoma. El informe ha detectado, dentro de una auténtica maraña de más de 1.300 procedimientos administrativos, hasta 220 que son de competencia exclusiva de la Junta y que condicionan la actividad económica. El intento de proceder a la simplificación de estos trámites no es nuevo. Tanto bajo la Presidencia de Manuel Chaves como bajo la de José Antonio Griñán se abordó este problema con anuncio de medidas e iniciativas, como la de la ventanilla única para la creación de empresas, que no llegaron a buen puerto, por la falta de impulso político o por la fuerza de la rutina. El reto de Susana Díaz, que se refirió a la cuestión en términos explícitos durante su debate de investidura, es demostrar en la práctica que ahora la reforma va en serio, es decir, reflejar en el BOJA o en la gestión ordinaria de las consejerías que existe voluntad de podar el frondoso árbol burocrático que entorpece, dificulta o hace más lenta la actividad de las empresas andaluzas. La verdad es que los emprendedores andaluces deben armarse de paciencia para poner en marcha sus iniciativas y es un hecho real que muchos de ellos abandonan el intento aburridos por la abundancia y lentitud de los procedimientos y los obstáculos a superar. En los países de la OCDE se registra un tiempo medio de 11 días de espera para echar a andar una empresa tras cumplir los requisitos exigidos por las autoridades económicas, mientras que en España la media es el doble (23 días), y Andalucía no es ajena ni mucho menos a esta realidad adversa. Por otra parte, los acuerdos de concertación social suscritos por el Gobierno andaluz con los sindicatos y la patronal obligan a que la simplificación de trámites que ahora se pretende sea negociada con estos interlocutores sociales, algunos de los cuales atraviesan graves crisis de liderazgo y credibilidad. Es necesario que esta situación conflictiva no se constituya en impedimento para avanzar en el plan de simplificación burocrática. Es necesario, sobre todo, que el Gobierno autonómico transforme su buena voluntad en firmeza y determinación para, esta vez sí, hacer honor al compromiso adquirido: el programa debe presentarse en este trimestre. Y desarrollarse a corto plazo. Como requiere la situación de Andalucía.

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