LA inconcreta alusión del presidente Zapatero a una subida de impuestos a las rentas más altas -hecha tras el decreto de recorte social que el Congreso convalidó por un solo voto- ha sido puesta en práctica por los gobiernos autonómicos socialistas antes que por el propio Ejecutivo central. La Generalitat ha marcado el paso al aprobar, entre otras medidas de mayor presión fiscal y de ahorro, un aumento del IRPF, en el tramo autonómico, de dos puntos para las rentas superiores a 120.000 euros anuales y de cuatro puntos para quienes ingresen más de 175.000 euros. Los gobiernos regionales de Baleares y Asturias, igualmente en manos del PSOE, han anunciado medidas similares, aunque rebajando a 100.000 euros el tope a partir del cual ambas haciendas autonómicas consideran que los contribuyentes traspasan el umbral de la riqueza. Por su parte, la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía dijo el miércoles que no se descartaba el aumento fiscal en esta comunidad autónoma, lo que debe interpretarse como el preludio de su efectiva aprobación en las próximas semanas. Hemos de estimar esta subida del IRPF como un gesto entre estético y demagógico, orientado a compensar entre los ciudadanos el brutal impacto antisocial de las medidas de ajuste impulsadas por Zapatero. Los socialistas ansían demostrar a los votantes, especialmente a los ubicados tradicionalmente en la izquierda, que el partido no ha abandonado su vocación socialdemócrata de defensa de los más débiles a pesar de la dureza del recorte en las prestaciones a funcionarios, pensionistas y dependientes. La solución escogida no es la correcta, sencillamente. El aumento de la fiscalidad que se está poniendo en marcha no va a afectar a los realmente ricos, como se pretende hacer creer, sino a las clases medias cuyos bienes sí están bien controlados, sus efectos recaudatorios son probadamente mínimos y, en tercer lugar, subir los impuestos todavía más -el IVA ya lo hará en julio, por decisión anterior- frena el crecimiento económico, que es el otro gran objetivo de la política económica que se necesita, junto al saneamiento de las cuentas públicas.