EL caso de los dos ancianos que fallecieron en lo que, según todos los indicios, fue un suicidio pactado y premeditado para no convertirse en una carga para su familia, hace pensar que la asistencia que los ayuntamientos, autonomías o Gobierno central prestan a las personas mayores solas o dependientes no se trata sólo de un apoyo, sino de una necesidad social pues, aunque el matrimonio tenía la ayuda de sus hijos, desde su punto de vista el hecho de que los tuvieran que atender, renunciando quizá a su libertad, fue suficiente motivo para quitarse la vida. Nadie debería llegar a eso.

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