El deterioro de la sanidad pública en Andalucía, en especial de la atención primaria, es una realidad cada día más tangible, con muchos ejemplos que lo demuestran. Uno de ellos es de las teleconsultas, esto es, la imposibilidad de que el médico de atención primaria pueda derivar a un paciente al especialista hospitalario para que lo examine de forma presencial. En lugar de ello, está obligado a enviar un informe de derivación y sólo si se autoriza podrá producirse la cita con el especialista.

Un procedimiento instaurado para la excepcionalidad de la pandemia se ha convertido en permanente. Es un cauce perverso tanto para la ciudadanía como para el propio profesional sanitario. Al paciente se le está negando el derecho a ser atendido por un especialista cuando su médico de familia lo considera necesario. Es un derecho reconocido en la legislación sanitaria y en el propio Estatuto de Autonomía que se está vulnerando. Pero pensemos también en la desairada posición en la que queda el médico de familia. Tras atender al paciente decide, según su apreciación clínica, remitirlo al especialista. Sin embargo, no lo puede hacer directamente. Debe limitarse a enviar una solicitud a la que pueden responderle con un burocrático "no tributario", que en lenguaje comprensible significa "no lo va a ver el especialista". Es fácil entender la frustración de ese médico que ha sido desautorizado en su valoración e incluso puede considerar que existe un riesgo para la salud de su paciente. Deberá reconocerle que, aunque considera necesario que lo vea un especialista, el "sistema" no lo permite. Por ello, la presión del colegio profesional de médicos y de los sindicatos debería impedir que esta situación siga produciéndose. Se está dañando gravemente la reputación de los profesionales que están en contacto diario y permanente con todos nosotros pero, sobre todo, se pone en riesgo la salud de los pacientes.

¿Quién gana con este modelo? Es claro que ni la ciudadanía ni los médicos de familia. Únicamente hay un beneficiario claro: las clínicas privadas. El paciente que no va a ser atendido por el especialista en la sanidad pública acudirá a la privada, si se lo puede pagar. Con ello, estamos discriminando a las personas en virtud de su capacidad económica, precisamente lo que un sistema sanitario público debería evitar. Tampoco debe sorprendernos a estas alturas. Todas las medidas, tanto normativas como de gestión, que se han adoptado en Andalucía en los últimos años van en la misma dirección de beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema sanitario público.