MÁS de trescientos temblores de tierra han tenido lugar desde el mes septiembre en el golfo de Valencia. Y no siempre han sido leves, en algunos casos han alcanzado una magnitud superior a 4 en la escala de Richter, es decir, una magnitud inquietante: han sido terremotos muy perceptibles por los habitantes de los alrededores del municipio de Vinarós (provincia de Castellón), tan perceptibles que se movieron los cuadros de la pared, temblaron las lámparas del techo y tintinearon los vasos y los platos de la cocina. Los geólogos han atribuido el origen de estos seísmos a los trabajos de un almacén submarino de gas que la empresa Escal UGS gestiona desde hace tiempo en aquella zona costera: llevar el gas de un sitio para otro y guardarlo en lo que era un yacimiento petrolífero, almacenar una fuente de energía y mover gigantescas sumas de dinero, reuniones de los consejos de administración, tramitación de expedientes, sortear permisos, solicitar análisis geológicos y no hacer ningún caso de los temores vecinales que en su día se manifestaron como voz que clama en el desierto: las inquietudes de la gente y las reservas del Observatorio de Ebro fueron papel mojado. Y todo para que, años después, la plataforma Castor se vea obligada a suspender indefinidamente sus trabajos. Así que… ¿Los más de 1.000 millones de euros invertidos se quedarán en el aire? ¿Tal vez habrá números rojos en alguna cuenta de resultados?

No. Yo creo que no: en España las grandes inversiones (públicas o privadas) se hacen con ingeniosos mecanismos reglamentarios y contables que antes o después anotan sus pérdidas (nunca sus beneficios) sobre las espaldas de los peatones de la historia, esos que cada año hacemos nuestra declaración de la renta, los que no tenemos cuentas en Suiza, los que nunca nos hemos mezclado con ERE malolientes, los que nunca hemos donado nada por la puerta de atrás a ningún partido o sindicato, los que todavía podemos seguir pagando decenas de recibos al año, algunos tan incomprensibles como el de la tasa de tratamiento de basuras de la Diputación de Granada, o el de la energía eléctrica, ese que muy pronto subirá otra vez para amortizar el gasto inútil del proyecto Castor en el golfo de Valencia. ¿No sería mejor tomarse un poco más en serio lo de las energías renovables? ¿Lo de las opiniones y sentimientos de la ciudadanía? ¿Lo de la gestión transparente? ¿Eso que se llama sentido común?