LA presidenta de la Junta sostiene que el Gobierno de la nación trampea con los fondos europeos que invierte en Andalucía. Tiene razón y no es nueva esta maniobra; aunque un año electoral es el escenario menos conveniente para análisis sosegados sobre la distribución del dinero que la UE envía a España para su convergencia con los países más desarrollados. Y estos debates entre instituciones gobernadas por partidos de distinto signo siempre tienen algo de trampa suplementaria.

A veces, las quejas de la Junta son exageradas. Por ejemplo, en enero un editorial de este diario afirmaba que Andalucía no salía malparada en el reparto de fondos agrarios europeos dentro de España. No le gustó a la Junta. En ese capítulo, la región recibió en los últimos siete años 12.400 millones, y en los próximos siete serán unos 12.000. El Gobierno andaluz vendió la decisión como un castigo del Gobierno nacional, sobre todo por la rebaja del 10% en la partida de desarrollo rural. La propaganda obviaba que en 2007 España perdió un 11% de desarrollo rural, mientras Andalucía ganaba un 34%, Castilla y León perdía un 44% y Valencia bajaba un 60%.

Por el contrario, la presidenta Susana Díaz acierta al señalar que el Gobierno central sisa a Andalucía ayudas europeas. Es una mala costumbre, de la que hay muchos ejemplos. Si se hubiesen repartido dentro de España con los mismos criterios que en el conjunto de la UE los fondos estructurales decididos en la cumbre de Berlín de 1999, a Andalucía le habrían correspondido 15.324 millones de euros en la distribución nacional para el periodo 2000-2007. Pero el gabinete Aznar le adjudicó 11.406 millones.

En ese periodo el Fondo de Cohesión, que el Gobierno nacional se podía gastar de manera discrecional, fue en preferencia a regiones ricas. Era un fondo que sin el atraso andaluz nunca habría cobrado España. Pero en 2001 a Cataluña se le adjudicó el 48,3% y a Andalucía un 6,2%. Y en 2002 pasó algo similar con Madrid, que recibió el 45,25%, mientras a Andalucía vino el 8,2%. Para más inri, era la época en la que el AVE Córdoba-Málaga se financiaba con fondos estructurales del paquete financiero fijo andaluz, mientras la alta velocidad Madrid-Valladolid se hacía con dinero suplementario de los fondos de cohesión. Igual pasó con la autovía Jerez-Los Barrios o la A-92 sur hasta Almería, que sólo contaron con Feder.

Ahora la presidenta andaluza dice que un 62% de las inversiones de la Administración General del Estado se hacen con fondos estructurales europeos. Esta práctica subvierte la filosofía de agregación por la que las regiones más atrasadas reciben ayudas comunitarias. Y así la convergencia se convierte en una quimera. Las subvenciones no son una panacea, son mejores los incentivos, pero esta ingeniería contable es un ardid que causa un claro perjuicio. O sea, una trampa.