Granada entró en la cuenta atrás para salvar la Universiada. Siete semanas de tope ofreció la Federación Internacional de Deporte Universitario para celebrarla o no entre la capital y Sierra Nevada. Era el tiempo que quedaba para firmar el contrato del compromiso con el proyecto. Si alguno entre la Junta, el Ayuntamiento, la Universidad o la Diputación se echaba atrás, Granada perdería la organización de los Juegos. La renuncia a realizar la competición tenía la amenaza de una penalización de 3 millones de euros. Finalmente hubo Universiada.