Veinte y siete mil millones

La Junta es un auténtico peligro si interviene ante cualquier iniciativa empresarial de igual o parecido modo al del Nevada

Bueno, no, exactamente son veinte y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres millones seiscientas noventa mil pesetas, que es cantidad difícil de dimensionar en nuestros magines. ¿Y si lo decimos en euros? Resultarían ciento sesenta y cinco millones que, en volumen imaginario de billetes, tampoco caben en nuestra humana figuración. Nadie puede imaginarse tanta torpeza, tanta ineptitud, tamaña impericia, semejante ignorancia, alarde de incompetencia... No, nadie. Y sin embargo, esa es la cantidad que la Junta de Sevilla, con tantos listos y conseguidores del PSOE, que llevan casi cuarenta años (des)gobernándonos, van a tener que pagar -con nuestro dinero, ¡claro!- al empresario don Tomás Olivo, promotor del centro comercial Nevada, en Granada. El que, para su construcción, se encontró con la incapacidad técnica -y parece, también, que profesional, de la Junta de Sevilla- cuyas acciones paralizantes fueron recurridas, ante los Tribunales de Justicia, por el citado ciudadano, en demanda de daños y perjuicios por el dinero que dejó de ganar a causa de la extemporánea y torpe intervención de la Junta socialista de Sevilla, lo que ha producido a la postre la condena a pagarle -de nuestros bolsillos, ¡claro!- esa brutal cantidad que decimos.

Con resultados políticos como éste, no cabe duda de que la Junta de Sevilla, no es que sea un lastre para la ciudadanía andaluza. Lo que resulta es un auténtico peligro como intervenga de igual o parecido modo ante cualquier iniciativa empresarial.

Dios nos libre de una Junta de Sevilla que (des)gobierne así en toda Andalucía, como (des)gobierna ésta. Y ¿saben?, aquella primera sentencia condenatoria, podría haber sido recurrida pero, a los servicios jurídicos de la Junta de Sevilla, se les olvidó presentar en plazo la correspondiente demanda: El mequetrefe que sea, dejó pasar los plazos preceptivos y convirtió en firme la dicha sentencia. Y a pagar tocan. Más los intereses correspondientes, que no van a ser pocos…

Ahora, doña Susana, con su sonrisita de niña buena, dice que van a recurrir al Constitucional. Sabe muy bien que su administración; con más de veinte mil trabajadores contratados, además de los propios funcionarios; es incapaz de ganar esa batalla jurídica, que nunca se debió de haber producido. Ella es la última responsable. Ella es la Presidenta, Susana Díaz y ahora es la hora de presentar las cuentas. No se olvide, entre coletazos de Eres, Fafes y otras zarandajas, que siga Susanita nos va a costar -ya nos cuesta- un ojo de la cara. ¡Vale ya! ¿O no?

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