Tres jóvenes ligadas al PP y contratadas por Emucesa que no aparecieron jamás por las oficinas funerarias, ni por "los vastos jardines sin aurora" que las rodean, han prestado declaración judicial estos días. La popularísima trinidad ha declarado que, cual agentes de la CIA o el KGB, trabajaban de manera oculta para el más allá y sólo daban cuenta de su tarea a los concejales que las contrataron. De creerlas, hay que pensar que el PP granadino logró todo un oximorón y patentó el 'blanco negro', puesto que organizó un costoso servicio secreto pagado por una empresa pública, transparente por definición. Los informes eran tan confidenciales que no dejaron rastro alguno. Según la primera declarante, que casualmente luce idéntico apellido que el abogado de Torres Hurtado en el caso Serrallo, los textos desaparecieron tras el ataque de dos virus informáticos letales y la realización de una mudanza. Normal, cualquier cambio de domicilio tiene un punto traumático… ya advertía Pitigrilli que tres mudanzas equivalen a un incendio. Las otras refieren que no poseen testimonio de su labor porque los informes eran orales o les ordenaron destruirlos. Hay más coincidencias: todas ocuparon distintos cargos generosamente remunerados en destinos como TG7 (la televisión local), el partido, la Diputación o las secretarías del grupo municipal y del mismísimo Sebastián Pérez, presidente de la corporación provincial y del Partido Popular, quien, al parecer, tampoco se enteró de nada.

Las casualidades abundan: el gerente, que declaró que las señoras no prestaban servicios a la sociedad y que desde el Ayuntamiento jamás se le dijo que iban a realizar faenas allí, ha acabado siendo investigado, lo que no anima precisamente a presentar denuncia pública alguna. Siguen los azares: el juez que lleva el caso es titular del Juzgado de Instrucción número 9, que archivó la querella contra el equipo municipal de Torres Hurtado por la venta de la casa Ágreda y al que el exfiscal anticorrupción Carlos Castresana incluye en un grupo de juristas relacionados por vínculos personales, familiares y de negocio con dirigentes populares a los que pudieron prestar trato de favor. Todo sea dicho presuntamente y por boca de Castresana. Y la chamba postrera. Emucesa fue un saco sin fondo mientras tuvo carácter enteramente público y pagaba más de 300.000 euros a las fantasmas del PP. Después se vendió el 49%, de la empresa, que se convirtió en un negocio rentabilísimo para la compañía privada. Lo sufrimos todos los granadinos en las tasas. Como ya anticipé en otra columna, eso sólo lo saben dos: los vivos y los muertos.