La pasada semana se aprobaron en el Congreso de los Diputados once leyes, entre Pleno, Comisión y Ponencia, tantas como en el Parlamento de Andalucía durante media legislatura. Algunas tienen una especial importancia como la ley de garantía de la libertad sexual, la ley de comunicación audiovisual o la ley de igualdad de trato y no discriminación. Sin embargo, como suele ocurrir en España, no se habla de las leyes por la trascendencia de su contenido sino atendiendo a la polémica coyuntural que haya generado su tramitación. En este sentido, ha pasado prácticamente desapercibida la definitiva aprobación en la Comisión Constitucional del Congreso de una ley muy relevante para el mejor funcionamiento de nuestra democracia cuál es la ley que elimina el voto rogado para los residentes en el extranjero.

Ante la constatación de que se estaban produciendo casos de suplantación de identidad de los electores residentes en el extranjero, en 2011 se modificó la ley electoral y se introdujo un sistema mediante el cual estos electores tenían que solicitar el voto para participar en las elecciones. El resultado de ese cambio fue desastroso. Mientras se solicita el voto, se envían las papeletas a cualquier lugar del mundo y luego se remite al colegio electoral ha pasado el tiempo y difícilmente llega a tiempo a la urna. Los datos son elocuentes. Hasta 2011, la participación de los electores incluidos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes era del 30%, a partir de entonces, con el nuevo sistema, apenas supera el 5%. Puede entenderse bien la limitación democrática que ello supone pues implica dejar fuera del proceso electoral a cientos de miles de personas. Especialmente reivindicativos con este problema han sido los jóvenes que hubieron de salir de España por la gran recesión de 2008.

Por ello, después de años de trabajo, al inicio de esta legislatura los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para la eliminación del voto rogado. Finalmente, tras mucha negociación, se ha aprobado en la Comisión Constitucional con un amplio consenso y el próximo 9 de junio será aprobada por el Pleno del Congreso. Los cambios que se introducen son significativos. El fundamental es, obviamente, que ya no es necesario solicitar el voto sino que todos los electores recibirán su certificado, podrán bajarse la papeleta de una página web y remitir su voto. Además, se potencia mucho el voto en urna tanto en embajadas como en consulados. Se trata de que el mayor número de personas puedan participar en las elecciones, que debe ser el objetivo de cualquier sistema democrático.