LA oposición terminante de la Unesco, a través del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, a la instalación de teleférico en Sierra Nevada por sus potenciales efectos dañinos no sólo cierra la posibilidad de que la Junta de Andalucía autorice el puñetero remonte (puñetero por pesado e intransigente) sino que añade un motivo -el motivo de calidad internacional- a todos los expuestos anteriormente. Bien mirado, no ha constituido una sorpresa, qué va. Cualquiera habría adivinado el sentido del dictamen, incluidos los patriarcas del gigantesco remonte. Era más que previsible que el organismo internacional, a la vista de la desproporción del proyecto, se pronunciase como lo ha hecho: afirmando que no es alternativa a la carretera actual, que arruina a la fauna, amenaza la flora e invade el parque natural. No, no había que ser Al Gore ni tener la piel escamada de los ecologistas para pronosticar cuál sería el dictamen de la Unesco.

A esta fecha, y después de leer atentamente los pronunciamientos de los promotores del teleférico y las furibundas reacciones de sus grupos de apoyo, aún me siento incapaz de resumir cuáles son los argumentos favorables. Argumentos medioambientales, claro, y no de otro tipo, es decir, económicos, turísticos o políticos. Ninguno de los adalides que ha tomado la palabra hasta ahora para defender la instalación ha sido capaz de rebatir las meticulosas objeciones relatadas en los informes contrarios.

Más bien, como se suele decir, se han ido por las ramas. ¿Por cuáles ramas? Se ha hecho un elogio económico del proyecto y aunque yo abrigo mis dudas sobre la viabilidad del teleférico sin que medie antes o después la ayuda generosa de la Administración, estaría dispuesto, sólo por respeto a la razón empresarial, a admitir de alguna forma sus expectativas.

Ahora bien, si se tratase sólo y aisladamente de un proyecto turístico o empresarial el juicio sobre su pertinencia correspondería a las autoridades económicas. Pero no lo es. Primero es una cuestión medio ambiental y secundariamente mercantil. Por consiguiente, no es admisible, como ha hecho el Partido Popular, sostener que es una tragedia económica e incluso un crimen el rechazo a la inversión antes de calibrar si es una tragedia y un crimen contra la naturaleza. Esta forma de ordenar los intereses a salvaguardar (primero, el económico y después, los derivados de la eventual devastación) es una inmoralidad y una trampa burda cuando quienes los emplean son unos hombres que aspiran a formar gobierno, es decir, a arbitrar y decidir sobre el futuro de los valores patrimoniales de la comunidad.