LOS servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía han formulado su dictamen sobre la situación de los siete parlamentarios autonómicos que a la vez son alcaldes de sus respectivos ayuntamientos, entre ellos los de Sevilla, Córdoba y Huelva. El dictamen ha sido elaborado como consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional en contra del recurso presentado por el Gobierno de la nación impugnando la reforma electoral andaluza que vino a declarar incompatibles el ejercicio simultáneo de ambos cargos públicos. La ley quedó suspendida al admitir a trámite el TC el recurso gubernamental, pero la sentencia del Alto Tribunal ha confirmado la constitucionalidad de la misma, emplazando a los diputados-alcaldes a dimitir de alguno de sus cargos. Algunos de los afectados mantienen la extraña actitud de no darse por aludidos acogiéndose al hecho de que el Gobierno ha solicitado al Constitucional una aclaración sobre los efectos de su fallo. Pero estos efectos son claros: no se puede ser al mismo tiempo diputado autonómico y alcalde o presidente de diputación o de mancomunidad de municipios. Hay que optar. Es lo que han concluido los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, que incluso han puesto plazos para que los siete implicados tomen la decisión que les corresponde: veinte días, desde la publicación del fallo en el BOE, como plazo máximo para que la Comisión del Estatuto del Diputado estudie la situación jurídica de los siete alcaldes-diputados y ocho días más para que éstos abandonen la Cámara o formalicen su dimisión en el Ayuntamiento que rigen. Por más vueltas que le den, los siete políticos "damnificados" por la sentencia del Tribunal Constitucional no tienen más remedio que optar, puesto que no es imaginable que pretendan desafiar el fallo y, con él, la plena legitimidad de una ley que fue aprobada por mayoría en el Parlamento regional. Es de destacar que el TC no cuestiona el derecho de sufragio pasivo de los alcaldes en las elecciones autonómicas -es decir, que pueden ser candidatos a parlamentarios andaluces-, sino la posibilidad de acumular ambos cargos, una vez elegidos. Esta incompatibilidad se justifica por la transparencia de las instituciones políticas y la necesidad de que todo cargo público se dedique a ejercer las funciones derivadas del mismo con plena dedicación y entrega. Creemos que esta premisa fortalece el sistema democrático andaluz y, en consecuencia, que los siete políticos afectados deben resolver pronto y por sí mismos el dilema que se les plantea. Algunos ya han asumido la situación y han anunciado su voluntad de renunciar al escaño parlamentario. Los demás tendrán que asumirlo de inmediato.