EL contundente escrito de acusación de la Fiscalía contra todos los que perpetraron la construcción del centro comercial Nevada en Armilla confirma lo que casi todos vislumbrábamos (incluidos los profesores universitarios que firmaron el informe pericial encargado por el juez), que la edificación vulneró las leyes, que el Ayuntamiento socialista, encabezado por José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate (por añadidura entonces vicepresidente de la Diputación), "desoyó íntegramente" los requerimientos de Obras Públicas, que los informes negativos de los técnicos fueron sustituidos por otros favorables y que el proyecto, en fin, contravino las normas subsidiarias y el plan parcial. En resumen, una aberración supuestamente consentida y guiada por los máximos responsables del Ayuntamiento del PSOE aconchabados con el promotor, Tomás Olivo. El dislate es tan clamoroso, según el fiscal, que el edificio debería ser demolido "completa, íntegra y totalmente".

A lo largo de las últimas semanas, el Ayuntamiento de Armilla y la delegación de la Junta de Andalucía en Granada, han hecho frente común para buscar una solución extrajudicial que permitiera la apertura del Centro Nevada. El argumento, como suele ocurrir en estos casos, para abrir -al margen, por encima o en paralelo del procedimiento judicial- es la pérdida de los puestos de trabajo.

Es una razón humanamente aceptable pero políticamente vidriosa. Es verdad que el hipotético derribo del Nevada, tal como ha pedido el fiscal y recomendaron los peritos, supondría una pérdida importante para el pueblo de Armilla. Los vecinos que aspiraban a un puesto de trabajo tienen derecho a protestar y a exigir responsabilidades, pero no ante el juzgado ni ante los peritos sino ante los que promovieron y permitieron construir un complejo comercial que, según los informes, vulneró numerosos preceptos legales y, en consecuencia, se exponía claramente a ser derribado. No hay más responsables que quienes se saltaron conscientemente la legalidad.

El caso Nevada no es una controversia política más. Es un caso grave, muy grave. Y el PSOE provincial, más allá de los intereses de familia, debe tomar una posición inequívoca sobre el Nevada en vez de apostar por soluciones ambiguas de dudosa interpretación.

El caso del Nevada, sin embargo, nunca estará completamente esclarecido. Siempre nos quedará la duda sobre el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil sobre el patrimonio de los imputados y que el TSJA anuló por motivos puramente formales.