Mañana se cumplen cuarenta años del referéndum sobre el primer Estatuto de Andalucía. La fecha es menos épica que la del 28 de febrero. En efecto, el 28F el pueblo andaluz se rebeló frente al modelo que había diseñado la élite política gobernante en la transición para decir que su autogobierno no iba a ser menor al de otros territorios. Con ello alteró el modelo territorial. Lo que inicialmente iba a ser una España con dos tipos de Comunidades, las llamadas históricas y las otras, mutó hacia otro paulatinamente homogéneo, el "café para todos", pues si Andalucía accedía al máximo nivel de autogobierno también iban a hacerlo Valencia, Canarias y luego todas las demás.

El 20 de octubre de 1981 fue, en ese sentido, menos épico. La batalla política ya estaba ganada y se trataba de formalizarlo a través de un nuevo referéndum, en ese intrincado procedimiento establecido por los constituyentes para que a ningún territorio distinto a Cataluña, País Vasco y Galicia se le ocurriera adentrarse por la vía del artículo 151 de la Constitución. Sin embargo, la importancia jurídico-política de este día es capital pues es el momento en el que nace Andalucía como comunidad política. La ciudadanía de Andalucía daba su respaldo definitivo a la aspiración política que se había expresado el 28F.

Desde ese momento, Andalucía ha jugado un papel equilibrador del conjunto de España. Se reflejó con claridad cuando se abordó la reforma del Estatuto en 2007. En medio de una aguda crisis territorial en torno al Estatuto de Cataluña, Andalucía elaboró un nuevo Estatuto en la misma línea que el de Cataluña, un Estatuto de segunda generación que fue aprobado por unanimidad en las Cortes Generales y nadie recurrió al Tribunal Constitucional, aunque tiene artículos idénticos al de Cataluña. El nuevo Estatuto de Andalucía sirvió para pacificar la situación y ha sido el modelo para otras Comunidades Autónomas.

Cierto es que todo eso es pasado. En la actualidad, la influencia de Andalucía parece haberse diluido, sin una voz propia y con unos gobernantes que se limitan a seguir las indicaciones que llegan de Madrid. De hecho, parece ausente en el debate sobre la desconcentración de las instituciones, mucho más importante de lo que parece para la articulación territorial de España. E incluso en el de la financiación autonómica se limita a algún gesto, sin haberse arremangado en la tarea de proponer un modelo. Claro que quizás todo eso sean minucias si partimos del riesgo de la llegada al poder de la extrema derecha, dispuesta a desmontar la propia comunidad política.