HAN leído el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia según el cual existen indicios de delito en la actuación del presidente de esa comunidad autónoma? Si no lo han hecho, se lo recomiendo. Apartando la hojarasca leguleya, encontrarán un vívido relato de la España garbancera, con sus trileros y mangantes prestos a ofrecer regalos a los poderosos a cambio de sus favores. Se dirá que esto ha ocurrido siempre; sin embargo, no olvidemos un matiz: un político que acepta dádivas o regalos en consideración a su cargo está cometiendo un delito de cohecho. Es el supuesto típico de corrupción política ¡que tanto daña a la democracia!

En el auto, el juez valenciano enumera con detallada base documental las prendas recibidas por distintos políticos, entre ellos Camps, y su pago por la red de corrupción destapada en Madrid y Valencia, cuyos cabecillas están en la cárcel. Sin embargo, pese a lo expresivo del contenido ninguno de esos políticos ha dimitido. Al contrario, cuentan con el incondicional apoyo de su partido, con el argumento de que aún no han sido condenados en sentencia firme. Llegamos a la vieja confusión entre responsabilidad política y responsabilidad penal. La hipotética responsabilidad penal se dilucidará en su momento, con sus propias reglas, pero la exigencia de responsabilidad política es previa; se produce cuando existen datos suficientes para presumir una actuación deshonesta del político en cuestión. En este supuesto, no estamos ante sesgadas informaciones periodísticas o acusaciones del partido contrario sino ante hechos verificados por la justicia a través de una laboriosa investigación que, más allá de su tipificación penal, cualquier ciudadano calificaría como deshonestos.

Ya sabemos que no existen partidos corruptos sino corruptos en los partidos. A un partido no se le valora por el número de corruptos que han surgido de sus filas sino por cómo actúa en relación a ellos. En el caso Camps, y también en el caso Bárcenas, el Partido Popular está apoyando a presuntos corruptos, según la valoración judicial, con una irresponsabilidad histórica. Mantiene como tesorero a un señor que ingresaba fajos de billetes de quinientos euros sin que se haya podido determinar su procedencia y como presidente de una comunidad autónoma a quien ha recibido trajes y otras dádivas pagados por empresarios encarcelados por corrupción. El mantenimiento de esas personas en puestos de alta responsabilidad del Partido Popular significa, hablando en plata, que no estamos ante casos de corrupción en un partido político sino ante un partido que acepta, sin parpadear, a presuntos corruptos en su seno.