EL Gobierno andaluz ha abierto expedientes sancionadores a los cinco principales bancos españoles por no ofrecer sus viviendas de protección oficial (VPO) a los registros municipales de demandantes, como exige la Ley sobre la Función Social de la Vivienda a fin de poder asignarlas a las familias que las necesitan. Son 185 las VPO que no han sido "declaradas" en los registros correspondientes, según la Junta, y las entidades financieras propietarias pueden ser sancionadas con multas que ascenderían a 11 millones de euros. La ley andaluza de la vivienda mantiene suspendido parte de su articulado por decisión del Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la nación, pero la obligación informativa de los bancos acerca de sus viviendas de protección no fue recurrida, de modo que está en vigor. A ello se acoge la Consejería de Fomento y Vivienda para abrir los expedientes mencionados argumentando la función social que deberían prestar los inmuebles que han sido construidos con ayuda pública. Los expedientes sancionadores generan, en cualquier caso, una situación singular: la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha propuesto como objetivo prioritario atraer inversiones a Andalucía, defendiendo que es una comunidad con atractivos, oportunidades y seguridad, mientras que su consejera de Fomento, Elena Cortés, expedienta y multa a algunas de las entidades financieras más importantes que podrían estar interesadas en impulsar la economía andaluza. De hecho, la presidenta acaba de firmar convenios beneficiosos con dos de los bancos expedientados. En esta materia, como en otras, los dos socios de gobierno, PSOE e IU, caminan cada uno por su lado. La coalición insiste en su propósito de crear un banco público, arremete contra la banca privada con palabras y con hechos y se inventa cada cierto tiempo un nuevo impuesto. Todo lo contrario que la mayoría socialista.

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