EL que los islandeses hayan decidido sentar en el banquillo a su ex primer ministro Geeir H. Haarde por mala gestión de la crisis económica es un ejemplo de valentía que traspasa la responsabilidad simplemente política y se sitúa en el plano de la responsabilidad penal, ya que ha sido formalmente acusado de negligencia grave durante su mandato, en el que se produjo el colapso bancario que en octubre de 2008 condujo a Islandia al borde de la ruina.

Pero la imputación de Haarde, que se contrae al período febrero-octubre de 2008, no ha hecho más que revivir el debate sobre la crisis económica que, justo antes de las elecciones de marzo de 2008, tuvieron en nuestro país Solbes y Pizarro, del que salió ganador el ministro socialista, que negó la crisis, calificándola de desaceleración económica, frente al ex presidente de Endesa, que defendió la gravedad de lo que se acercaba. El tiempo demostró que Pizarro tenía la razón y ahora nos preguntamos ¿se deben exigir responsabilidades a Zapatero y su Gobierno por mentir al negar la crisis?

Desde luego que en Islandia no se lo han pensado y el Landsdómur (tribunal especial creado para procesos que afecten a miembros del Gobierno y que nunca había actuado desde la independencia de la isla en 1944) va a estudiar la imputación al ex premier porque el Parlamento así lo ha decidido, ya que, a pesar de los avisos recibidos, entre otros por el Banco Nacional, Haarde no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que éste se produjera, ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos. Sin olvidar que fueron los propios islandeses quienes decidieron en referéndum, por el 90% de los votos, desembarazarse del lastre que les hubiera causado pagar una deuda no generada por ellos a acreedores ingleses y holandeses, a razón de 40.000 euros por familia y en quince años, a un interés del 5,5%.

Sin embargo, en España, ni Zapatero ni los diversos cargos de su Gobierno que negaron reiteradamente la crisis económica que ya contemplaban los analistas y medios de comunicación de todo el mundo, barajan la posibilidad de que se les exija responsabilidad alguna, ni política, ni mucho menos penal. No hay más que tirar de hemeroteca para comprobar, por boca de ZP, la negación absoluta de la evidencia, incluso en 2009 hablaba de "la situación tan estupenda que vive España" y de que "nuestro sistema es solvente ahora y a medio plazo". En cualquier país de nuestro entorno, un primer ministro que engaña a sus ciudadanos, y con un hándicap de 5 millones de parados, como mínimo, hubiera dimitido -el último ejemplo, el de Sócrates en Portugal-. Los españoles deberíamos ser firmes y reclamar responsabilidades no sólo políticas sino también penales, y además que Zapatero y quienes en su Gobierno le avalaron devolvieran al maltrecho erario público -con cargo a sus patrimonios personales-, todo el dinero de los ciudadanos que se gastaron en 2009 en comprar activos tóxicos de los únicos ricos de este país, esto es, de los bancos.

Está claro que el sillón del poder agarra mucho…, aunque de él quizás más de uno debería pasar al banquillo de los acusados…