EL auto de la Audiencia Provincial sobre unas oposiciones fraudulentas a la escala de subinspectores de la Policía Local de Granada celebradas en marzo de 2007 arroja luz sobre uno de los periodos más oscuros, vergonzosos y lamentables de la política municipal democrática de la ciudad. El alcalde José Torres Hurtado permitió que su concejal de Protección Ciudadana, José Antonio Balderas, descompusiera el cuerpo policial, destituyera a la cúpula heredada del mandato de José Moratalla, condenara al ostracismo a sus colaboradores de segunda línea, avasallara a los no adictos y favoreciera descaradamente a los agentes encuadrados en el así llamado Sindicato Independiente de Policía. Fue una purga digna de otros tiempos y de otros regímenes, impropia de un cargo público elegido en una democracia y respaldada con el silencio cómplice del resto del equipo de gobierno. Cuando ganó Torres Hurtado sus primeras elecciones, media docena de agentes que habían acumulado cientos de días de baja por enfermedad (?) durante la Alcaldía de Moratalla fueron rehabilitados para ocupar puestos de confianza, entre ellos el de guardaespaldas del alcalde. A partir de ahí todo fue un despropósito. Hasta tal extremo llegó la depuración consentida por la autoridad política que hubo amenazas de pasar a las armas.

Las oposiciones a subinspector fueron la culminación de aquel desgraciado mandato. A un mes de las elecciones municipales (en marzo de 2007), se celebraron las pruebas que la Audiencia considera fraudulentas. Si ya son sospechosas por sí mismas todas las pruebas de remoción que se fechan en las postrimerías de los mandatos políticos, en este caso había un precedente: la discriminación anterior. El auto del tribunal invoca tres argumentos para demostrar que cinco agentes, de los ocho que lograron el ascenso, conocían de antemano parte del examen teórico. Todos ellos pertenecían al Sindicato Independiente de Policía. Y para que el círculo no se cerrara en balde, un miembro del a ejecutiva del sindicato formaba parte del tribunal. Aun con estos indicios ni el juez que vio la causa en primera instancia ni ahora la Audiencia han podido determinar quién filtró las respuestas al examen. Y por eso, salvo que aparezcan nuevos indicios, el procedimiento ha sido sepultado.

Sin embargo, el auto de la Audiencia nos deja algo incluso más elevado que una reprobación judicial: el testimonio moral de un tiempo en el que el favoritismo y la arbitrariedad fueron las normas de gobierno de la Policía Local. Unas normas producto no del azar o de las ventoleras de un concejal inepto que se sentía apoyado por un grupo político aquiescente, sino de una planificación ideológica de marcado carácter tendencioso.