PARECE que el gremio de los auditores (más el de las máquinas destructoras de papel) va a ser el más favorecido por la victoria electoral del PP en las municipales y en las autonómicas del 22-M. ¡Todos los cargos electos que han conseguido echar de las instituciones a sus rivales políticos quieren auditar, levantar las alfombras, darle la vuelta a los despachos y revolver las bolsas de la basura en busca de indicios que revelen signos del hipotético latrocinio! Antes incluso de gobernar o de conocer documentadamente el estado de las arcas, el PP conjuga desde la tribunas el verbo auditar. Pero no lo conjuga con la seriedad de los contables que quieren conocer la exactitud de las finanzas sino con la lubricidad con que Hannibal Lecter examinaba a sus víctimas antes de lanzarle la primera dentellada.

El PP granadino ha anunciado que también va a auditar las cuentas: las de Diputación. Bueno, no la dicho así. La secretaria general del PP. Luisa García Chamorro, ha anunciado una "auditoría laboral" que no se sabe muy bien qué es. Una auditoría, si no estoy equivocado, es una examen minucioso hecho por economistas independientes de las cuentas de una institución durante un periodo determinado. En el caso que nos ocupa, lo que los futuros gobernantes de la Diputación quieren es examinar los equívocos procesos de selección de personal que ha habido en la institución provincial. No les falta razón. Todos los exámenes están bajo sospecha después de que los propios opositores hayan denunciado irregularidades en las pruebas y la aparición, en la lista de los aprobados, de numerosas personas relacionadas por vía política o familiar con cargos socialistas. Pero ¿qué auditores jurados de cuentas se van a prestar a compulsar los apellidos o a juzgar la actuación de los tribunales de oposiciones? Me temo que ninguno.

El PP confunde deliberadamente la opinión del auditor con el juicio político. Pero una auditoría no es un proceso penal ni muchos menos una venganza partidista. García Chamorro incluso ha hablado ya de las futuras responsabilidades "penales y políticas" que se pueden derivar de unas auditorías que, amén de extrañas, no existen. El PP está en su derecho e incluso en la obligación de examinar la selección de personal en Diputación, pero si quiere ganar credibilidad y espantar cualquier interpretación equívoca debe también explicar el fraude de las oposiciones a subinspector de la Policía Local en el Ayuntamiento de Granada que, en este caso sí, han sido anuladas por la justicia. E incluso explicar cuántos cargos de libre disposición ha contratado o va a contratar en las instituciones que gobierna.