La Rayuela

Lola Quero

lolaquero@granadahoy.com

La borrasca Juana

¿Se puede cuestionar a los jueces? El caso Rivas, con un juez que se desahoga en Facebook y un abogado sin pelos en la lengua, ha derivado ahora en un debate sobre la libertad de expresión y sus límites en el ámbito judicial

Juana Rivas,  la entrada del juicio de 2018 en Granada

Juana Rivas, la entrada del juicio de 2018 en Granada / G. H.

¿Se puede cuestionar a los jueces? ¿Hasta qué punto el deber de reserva les impide airear su ideología y cómo afecta ésta a sus sentencias? ¿Cuál es el límite entre el respeto debido y la pleitesía? ¿Injerencias de la política? ¿Peligra el sistema judicial y democrático cuando se pone en duda la imparcialidad de un magistrado? ¿Hay endogamia en el sistema judicial?

Todas estas preguntas están a la orden del día en España desde hace años, sobre todo por la guerra política que a cuenta de la justicia se vive desde fuera, pero también desde dentro. Los partidos hacen un flaco favor al sistema democrático y a la casi utópica separación de poderes cuando se disputan la designación de sillones en órganos como el CGPJ por afinidad, pero algunos de esos jueces les corresponden al seguir el mismo guion e, incluso, llevar a sus resoluciones lo que se espera de ellos.

El presidente del Tribunal Superior andaluz (TSJA), Lorenzo del Río, ha mencionado ya en varios de sus discursos el peligro del descrédito social de la justicia, que es atribuible a los políticos, pero sin dejar de hacer autocrítica interna con un llamamiento para que los jueces lleven a cabo un "desempeño honrado e independiente de la función jurisdiccional, con todos los defectos y errores que, como humanos, podamos tener".

Lorenzo del Río, presidente del TSJA Lorenzo del Río, presidente del TSJA

Lorenzo del Río, presidente del TSJA / G. H.

La gran cuestión que está en el aire es si deben los jueces elegir a los jueces. ¿Quedarían así al salvo de los manejos políticos o estarían al margen de la soberanía nacional? En su columna del pasado domingo, Ignacio Martínez exponía un interesante argumento: si la mitad de los 5.500 jueces de España no militan en asociaciones profesionales que replican a los partidos de derecha, izquierda o centro; si la mayoritaria APM (que representa en realidad a una cuarta parte de todo el colectivo) ha copado más del 50% de los altos tribunales en los últimos 25 años, podríamos concluir que “los verdaderos independientes (jueces) son mayoría y carecen de influencia”.

¿Qué entendemos por influencia? Ésta va más allá de los cargos judiciales cuando hay personas que tienen la posibilidad de mandar a la gente a la cárcel o de librarlos de una ruina. Hay un respeto social muy elevado sobre la figura del juez y la mayoría de ellos manejan su autoritas con la mayor pulcritud. Pero ni son infalibles ni todas las manzanas del cesto son relucientes, lo que no significa tampoco que tengan que estar podridas.

Magdalena Trillo dedicaba su columna de esta semana, Los jueces del Facebook, a reflexionar sobre esa pregunta con la que arranco hoy mi artículo. Ella decía: “En este país, cuestionar la independencia de los jueces ha sido tan tabú como criticar a la Monarquía. Nadie lo ordena y nadie lo incumple. Tan efectivo como la autocensura”. Su reflexión venía motivada por las últimas noticias sobre el caso Juana Rivas y la derivada judicial que este asunto ha tomado en Granada, con el enfrentamiento entre el juez Manuel Piñar y el abogado que ahora defiende a la madre de Maracena, Carlos Aránguez.

Carlos Aránguez, abogado de Rivas, en una imagen de archivo. Carlos Aránguez, abogado de Rivas, en una imagen de archivo.

Carlos Aránguez, abogado de Rivas, en una imagen de archivo.

La cara b del caso Juana Rivas

El juez de Penal 1, que condenó a Juana Rivas a cinco años de cárcel y ha tomado decisiones polémicas en la ejecución de la sentencia, denunció al letrado ante el Colegio de Abogados de Granada por haber dicho que Piñar era un juez “parcial”, lo que en su trabajo equivale a ser “prevaricador”. Este órgano al que pertenece el letrado se ha posicionado del lado del magistrado y lo ha sancionado con 45 días de suspensión para el ejercicio de su profesión. El debate dentro de la Abogacía está servido, porque unos aplauden la decisión y otros la cuestionan.

Juicio de Juana Rivas con el juez Piñar al fondo Juicio de Juana Rivas con el juez Piñar al fondo

Juicio de Juana Rivas con el juez Piñar al fondo / G. H.

Ahora Manuel Piñar ha ido más allá y se ha ido al juzgado para presentar una querella por calumnias contra el letrado. Imaginemos el papelón que se le presenta al juez instructor, con un compañero implicado en el asunto. Por su parte, el abogado Aránguez se aferra a su libertad de expresión y dice alegrarse de esta denuncia porque así podrá interrogar al juez como testigo, que estaría obligado a decir la verdad.

Manuel Piñar no es un juez muy convencional. Se prodiga en poner adjetivos como feminazis, negros o moros y en airear sus opiniones políticas sin ningún reparo a través de su Facebook. En respuesta a la querella presentada contra él por supuestas irregularidades en el procedimiento de Juana Rivas, el TSJA ha negado en una reciente resolución que su actuación sea prevaricadora y argumenta que "no se comete delito alguno" por tener o manifestar de forma extraprocesal "unas inclinaciones u otras en el marco de debates políticos generales". Ahora la pregunta es si comete delito el abogado que vierte opiniones sobre él, también fuera del ámbito procesal.

El caso Juana Rivas hace mucho tiempo que dejó de ser solo el caso de una mujer que desobedeció a la justicia y no entregó a sus hijos a un padre que ella acusa de maltrato. Es mucho más. Se convirtió en una cuestión de estado y además se sumó a la polarización política cuando fue considerada un símbolo a favor y en contra de las leyes contra la violencia de género. Ahora se produce otra vuelta de tuerca más y el asunto ha mutado en la lucha entre un juez que se desahoga en Facebook y un abogado sin pelos en la lengua. Es un choque entre los límites que cada uno tiene para expresarse. El tema ha abierto debates entre compañeros y obligará a dictar resoluciones de alto voltaje. Otra borrasca judicial. La borrasca Juana. 

El antecedente de Carlos Castresana

Carlos Castresana, junto a los juzgados de Granada Carlos Castresana, junto a los juzgados de Granada

Carlos Castresana, junto a los juzgados de Granada / G. H.

No hace tanto que en Granada hubo otra tormenta judicial cuando un conocido abogado, Carlos Castresana -fue fiscal anticorrupción en España- llegó a esta ciudad para llevar uno de los casos contra el exalcalde del PP José Torres Hurtado. Trató de recusar al juez instructor del caso Agreda porque sostenía que era parcial y actuaba a favor de los investigados. Los magistrados de la Audiencia Provincial rechazaron apartar al magistrado sin practicar todas las averiguaciones propuestas por el letrado, así que éste recurrió con un escrito que muchos calificaron como un torpedo al corazón del mundillo judicial granadino. Denunciaba conexiones familiares, de negocios y políticas entre jueces, fiscales, despachos de abogados y encausados, con expresiones como “oscurantismo” o “confabulación”.

El presidente de la Audiencia pidió conocer el asunto de primera mano y al final se resolvió con un auto de uno de los magistrados de más larga trayectoria (también fue uno de los señalados por Castresana), que hizo un claro alegato en defensa de su honestidad. “En ello empeño mi honor y mi palabra”, concluía aquel juez de modo solemne. Antes hizo alusión a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1979: “La función de juzgar necesita la confianza de los ciudadanos para prosperar y puede ser necesario protegerla frente a los ataques destructivos desprovistos de seriedad”. ¿Es ésta una respuesta a nuestra pregunta?

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