Aunque parezca el encabezado de un auto de la Audiencia Nacional, se trata del título que Stop Desahucios ha utilizado para que el presidente de Caja Rural de Granada, Gregorio Antonio León Serrano, y su director general, Jerónimo Luque Frías, se sienten a negociar para que la familia de María José, Fernando y sus 3 hijos no sea desahuciada de su casa de Las Gabias.

En este intento de desahucio se dan dos agravantes: uno particular y otro de carácter general. El primer detalle es que la casa en cuestión no es parte de la espiral especulativa de la primera década del siglo XXI sino que es el resultado del esfuerzo de una familia que con afán construyó una vivienda y un lugar de trabajo. Desahuciarla produciría un daño doble, el que supone tener que abandonar el hogar familiar y el enorme perjuicio que implica que un autónomo pierda su lugar de trabajo.

El segundo elemento clave es que la dirección de Caja Rural quiere sentar un precedente que no se puede admitir. Sería la primera vez en muchos años que un banco, para más inri granadino, desahucie a una familia que resiste a este proceso por no tener otro lugar donde ir. ¿Por qué vuelven a desahuciar ahora? Pues porque otra vez suben los precios de la vivienda. Al igual que en la fiebre del oro (y otros recursos) que llevó a la expulsión de las tribus originarias del lejano oeste norteamericano, vuelven los cuatreros de la especulación inmobiliaria para seguir acumulando riquezas expulsando a nuestros vecinos y vecinas de sus casas. Además de colonizadores son unos forajidos, pues en este caso hay que recordar que el banco pide a la familia unos 250.000 euros mientras al parecer la subastaron por menos de la mitad. Por eso se buscan como en las películas, aunque afortunadamente estamos en democracia y la pesquisa es solo para encontrar una salida negociada que permita a la familia pagar un precio justo por su vivienda.

Ante esto no cabe otra que presionar a fondo a Caja Rural, que tiene su sede y el grueso de su negocio en nuestra provincia. La portavoz de Vamos, Granada, Marta Gutiérrez, pidió medidas contundentes contra esta injusticia al Ayuntamiento de la capital, que tiene un volumen de negocio de 20 millones de euros con esta caja. Acto seguido la concejala de Servicios Sociales de Granada escribió a Caja Rural para pedirles diálogo. Sin embargo hasta el momento no han cedido ni un ápice, así que nuestras instituciones y toda la ciudadanía deberán subir el nivel de presión para conseguir una provincia libre de desahucios.