EL archivo de la denuncia contra la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar al Grupo México-Minorbis despeja, esperemos que definitivamente, los obstáculos que impedían la puesta en marcha de un proyecto gracias al cual se invertirán 350 millones de euros en una comarca andaluza especialmente castigada por la crisis y el desempleo. Tras seis meses de una investigación que ha mantenido en vilo a la localidad sevillana y a la Junta de Andalucía -a la que se señalaba por un caso más de corrupción-, la juez de Instrucción 3 de Sevilla ha concluido que las sospechas de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociación ilegal eran sólo eso: "sospechas y conjeturas" sin mayor b ase.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se detuvieron a 15 personas, siete de las cuales fueron imputadas y sometidas al reproche social y mediático y que la Junta se vio obligada a destituir a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio -que ya ha sido restituida en su cargo-, sería necesario hacer una reflexión y exigir responsabilidades, aunque sólo sean morales, a los que dieron pábulo a una denuncia que, desde el principio, planteaba muchas dudas. En primer lugar, la Judicatura debería hacer una autocrítica, ya que el primer auto aseguraba taxativamente que la Administración andaluza había actuado "sin el más mínimo rigor" para, seis meses después, asegurar que la denuncia -realizada por la empresa rival de México-Minorbis en el concurso, Emerita Resources- se basaba sólo en "conjeturas". Evidentemente, se produjo un exceso verbal que en nada ayudó a la correcta percepción mediática del caso. En segundo lugar, hay que poner en cuestión la labor realizada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), que en sus atestados llegó a asegurar que, más que un concurso, parecía que la Junta había usado un sistema de "libre designación" para la concesión de la mina, todo lo cual se reveló falso. Hubo, incluso, algún episodio sonrojante, como el perito ornitólogo usado por la UDEF que confesó que sólo había tenido acceso a seis folios de los 3.000 que tenía el proyecto.

Finalmente, habría que volver a hacer una reflexión sobre el uso político de la figura del imputado, que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recientemente aprobada por las Cortes, pasa a denominarse "investigado". Queda claro que el pie forzado de exigir la destitución de los cargos públicos imputados lleva a flagrantes casos de injusticia como el que ahora analizamos. Hay que reducir esta práctica sólo a casos muy graves y evidentes.