Por si Granada no fuera maltratada ya por suficientes gobiernos, ahora resulta que también nos quiere maltratar el Gobierno judicial que pretende arrebatarnos esa capitalidad judicial que todavía nos otorga el Estatuto de Autonomía.

La mayor ironía de todo esto es escuchar el nombre de Sevilla junto al término descentralización. En esta Andalucía de dos (o incluso tres) velocidades, donde todo lo importante pasa por la capital, descentralizar en Sevilla es un oxímoron, es decir, son palabras contradictorias. Es cierto que los desequilibrios territoriales entre Andalucía y el resto del estado se han incrementado por un modelo de desarrollo desigual, pero no es menos cierto que dentro de la propia Andalucía se han agudizado aún más los contrastes existentes, entre otras cosas, por la política claramente centralista de los gobiernos andaluces y también de los sucesivos gobiernos estatales.

A todo esto ha ayudado sin duda alguna la ineficiencia de la vieja política granadina y su incapacidad manifiesta para enfrentarse a los intereses de sus respectivos partidos, algo perfectamente representado por la ausencia del actual alcalde en las reclamaciones contra la fusión hospitalaria o por el desprecio que los líderes del PP provincial profesan al ferrocarril granadino.

En estos tiempos de cambio es necesario que en Granada se recupere la valentía de aquellos primeros gobiernos democráticos que revolucionaron los municipios españoles, y en particular nuestra ciudad. La sociedad civil ya lo tiene claro, ahora es necesario que lo asuman los gobernantes o serán reemplazados más pronto que tarde.

Para mantener la capitalidad judicial no basta con apelar a la Historia o al Estatuto, es necesario tener proyectos estratégicos compartidos por toda la ciudad. Uno de ellos es la construcción de un campus judicial que acabe con la dispersión y la incomodidad de las sedes actuales, y con la precariedad de medios que afecta tanto a los juzgados provinciales como a los de ámbito autonómico. Un lugar idóneo para este proyecto es el entorno de La Caleta, donde se podrían ocupar todas las plantas del actual edificio judicial y también otros espacios aledaños que albergan o han albergado a otras instituciones. La remodelación urbana que debe acompañar la construcción de la nueva estación y el soterramiento del ferrocarril va a dejar disponibles algunos edificios y espacios urbanizables que también podrían complementar este campus judicial propio de una capital autonómica como Granada. El coste sería bajo ya que la operación es con activos públicos y las oportunidades serían muy altas para esta zona (muy maltratada por la fusión) y para los posibles usos alternativos de las actuales sedes judiciales. ¿Nos ponemos manos a la obra?

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