Editorial

El chantaje de la basura

LA huelga de basura de Sevilla ha entrado en su undécimo día sin que se confirmen los atisbos de acuerdo surgidos de las tres reuniones negociadoras entre el Ayuntamiento y el comité de empresa. Muchas calles y plazas de la capital de Andalucía, una de las principales de España, se han convertido en auténticos muladares en los que la basura se acumula, apenas aliviada por unos servicios mínimos que son boicoteados por los trabajadores a pesar de que el TSJA haya decretado su aumento hasta un 50% de su prestación normal. Se calcula que los residuos amontonados bordean ya las 7.000 toneladas, mientras continúan los actos vandálicos que ya han producido la quema de casi trescientos contenedores. Los sectores económicos más afectados por las consecuencias de la huelga, como la hostelería y el comercio, están sufriendo daños considerables, no sólo en el presente sino de cara al futuro, y ya la capital andaluza es noticia en los medios de comunicación internacionales, con el consiguiente efecto en los flujos turísticos previstos. La impopularidad del conflicto está generalizada entre la población, sin que los huelguistas consideren que deben darse por aludidos. Antes al contrario, las concesiones hechas por los representantes municipales a los negociadores sindicales, relativas a una menor reducción de salarios que la prevista inicialmente y a una aplicación del aumento de la jornada laboral menos gravosa para los empleados, han sido inútiles. Los propios miembros del comité confesaron en la mañana de ayer que estas nuevas posiciones eran asumibles y podrían desembocar en un acuerdo, pero la asamblea de trabajadores, por aclamación y sin una votación mínimamente seria y responsable, los desautorizó prolongando automáticamente la huelga. Ante esta radicalización de la posición de los barrenderos el Ayuntamiento carece de margen de maniobra. Por un lado, comienza a considerar la posibilidad de pedir permiso al Ministerio de Sanidad para poder contratar a una empresa externa que preste el servicio mientras persista la situación, pero esta iniciativa requiere la constatación de un riesgo sanitario grave e inminente. Por otro, no puede aceptar el chantaje de los huelguistas puesto que la implantación de la nueva jornada laboral y la disminución salarial se atienen estrictamente a los planes de reducción del déficit público y a la política de austeridad ya aplicada a todos los colectivos municipales sin excepción. Los ciudadanos, que conocen las condiciones recogidas en el convenio de la recogida de basuras vigente, no admitirían que haberlos usado como rehenes sirviera a los empleados de Lipasam para repetir maniobras de extorsión que en el pasado plantearon con éxito.

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