En estos días, en que el estridente tam-tam de ollas y cacerolas se emplea en muchísimas ciudades para reprobar las acciones o inacciones del Gobierno, me viene, recurrente, a primer plano de la memoria y raciocinio la mentira grosera y malhadada con la que ministros y otros portavoces gubernamentales, con absoluta frialdad y displicencia, nos han contado a los ciudadanos, echando la culpa de las cosas referidas a la gestión -para muchos torpe y hasta inaceptable- de la pandemia que aún nos cerca, enferma y hasta mata, a una inexistente "comisión" de supuestos expertos en materia sanitaria, de secretísimos supuestos componentes, que jamás llegó a nombrarse sino en las desesperadas urgencias de los pasillos que conducen a la "bodeguiya" del palacio presidencial, la que fundase aquel Felipe González, que hoy, con más canas que autoridad moral, vaga como espectro fantasmal en pena, por entre el humo de los puros, el crujir de los billetes y las siglas desvaídas y descoloridas del PSOE.

No, señores, lectores amigos y pacientes. Nunca ha existido esa ridículamente innombrada "comisión de expertos", cuya evocación ha empleado el ministro Illa en repetidas ocasiones para, con la audacia irreflexiva propia del embustero, diluir el fracaso y la pertinaz forma de mal gestionar esta que creían eventualidad sanitaria, pero que, contra toda inteligencia -si existe- y capacidad de previsión en el Gobierno, lleva instalada, trastocando todas las realidades de nuestra vida cotidiana, varios meses y como ha de decir el castizo "lo que te rondaré morena"…

Existe un principio elemental y no escrito en el mundo del Derecho y de la Administración de los asuntos públicos, que forma parte de la lógica administrativa consuetudinaria -que sorprendentemente existe, esa lógica, digo- y establece algo así como que aquello que no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, ni en los Boletines Oficiales de los distintos ministerios, en los de las Cámaras Legislativas, en los boletines oficiales de las comunidades autónomas o incluso en los que se editan a diario en las cincuenta provincias que aún siguen conformando la realidad política, social y de derecho que es España, aquello que no se ha publicado, repito, sencillamente no existe.

Y como esa inexistente comisión no es más que un recurso de la mentira, invento sin gracia, ocurrencia tangencial de urgente huida, tendríamos que concluir que este Gobierno, además de no haber sido eficiente en su gestión de la crisis sanitaria, no tiene empacho alguno en insultar, por ahora impunemente, la inteligencia de los ciudadanos. Pero lo que no le podrán negar será la memoria, la memoria ante las urnas. O incluso antes. ¿O no?