EL Pleno del Parlamento de Andalucía decidirá la semana próxima la constitución en su seno de una comisión investigadora sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas irregulares a empresas por parte del Gobierno regional durante nueve años. Esta comisión parlamentaria, que la mayoría absoluta del PSOE había vetado durante la anterior legislatura, se formará esta vez por unanimidad, ya que el grupo parlamentario socialista ha terminado aceptando la exigencia de Izquierda Unida, con la que el PSOE gobierna en coalición a raíz de las elecciones autonómicas del 25-M. Las divergencias aparecerán en lo que se refiere al contenido de la investigación, el tiempo en el que se prolongarán las actividades de la comisión y la identidad de los comparecientes ante la misma. Creemos que el objeto de la comisión debe centrarse en el esclarecimiento de las responsabilidades políticas existentes en el caso de los ERE, ya que las penales se sustancian lógicamente en la administración de justicia. Hay que apelar a la seriedad y el sentido institucional de los tres partidos que estarán representados en la comisión para que, sin merma alguna de la transparencia y la necesidad de esclarecimiento de los hechos, las sesiones no se conviertan en un circo de descalificaciones y sectarismos. La comisión se organizará como estimen sus integrantes y decidirá cuánto tiempo permanecerá activa y quiénes serán llamados a testificar. En este sentido parece evidente que los responsables políticos de los distintos gobiernos en cuyos mandatos se han producido las graves irregularidades detectadas tienen el deber político y moral de comparecer si se les invita a ello. Así lo han entendido los dos máximos dirigentes de ambos gobiernos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se han declarado dispuestos a la comparecencia, frente a otros líderes socialistas, como la actual consejera de Presidencia, que no ve motivos al respecto. De ser así la comisión perdería buena parte de su razón de ser.