EL presidente del Tribunal de Cuentas ha comparecido esta semana en el Congreso, para responder a las informaciones de El País, de las que se deriva que: 1) casi un centenar de los poco más de 700 trabajadores de la plantilla son familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus representantes sindicales, 2) las pruebas para las oposiciones son preparadas por el tribunal, siendo tres de sus cinco miembros altos cargos y representantes sindicales, 3) el 80% de la plantilla de informáticos del Tribunal carece de conocimientos y titulación para afrontar las necesidades del servicio, 4) en los últimos 30 años se le encargaron obras y reparaciones a un mismo empresario (también realizaba obras en casas de los altos cargos), troceándolas cuando superaban 50.000 euros. En su comparecencia, el presidente del Tribunal ha relativizado la importancia de los hechos y ha anunciado medidas para mejorar la transparencia y los procesos de selección.

Lo anterior es una manifestación más de cómo la "autonomía" de los organismos públicos es utilizada por sus gestores para su propio beneficio, pues si se investigasen otros organismos públicos con suficiente perspectiva temporal encontraríamos muchos casos parecidos. Pero el problema es de mucha mayor relevancia porque el Tribunal de Cuentas es precisamente el órgano supremo fiscalizador de las cuentas del sector público y de los partidos políticos.

Por ello, hay que asignarle una cuota relevante de responsabilidad en la proliferación de los casos de corrupción y financiación irregular de los partidos políticos, a los que, por lo general, ha sido ajeno y, en otros casos, sus conclusiones y posibles efectos penales han prescrito antes de que emitiese los informes por el habitual retraso en sus procedimientos (hasta cinco años). Este estado de cosas no es ajeno a la forma de elección de los consejeros del tribunal: los doce miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y el Senado y, a diferencia de lo habitual en las democracias avanzadas, los partidos políticos se reparten los puestos entre sus propios militantes y allegados, lo que explica su dependencia y que los casos de corrupción pública no suelan ser detectados por el órganos que tiene atribuida la función fiscalizadora, sino por los medios de comunicación o por denuncias particulares.

Esta función incluye el control de regularidad y el control operativo de las finanzas públicas. El primero se refiere al control de legalidad (que la gestión pública se realiza según las normas) y al control financiero (que la información contable de los entes fiscalizados se adecúa a los principios y normas contables), mientras que el control operativo evalúa la gestión pública y su adecuación a los principios de economía, eficiencia y eficacia. El control externo de legalidad es básico para el correcto funcionamiento de la gestión pública en un sistema democrático, y la evaluación de las políticas públicas es imprescindible para que no se derrochen recursos públicos en políticas ineficientes.

Si bien el Tribunal de Cuentas tiene competencia en todo el sector público español, la mayoría de las comunidades autónomas han creado otros órganos de control externo con competencias sobre el sector público autonómico y sobre las entidades locales de su ámbito territorial. En el caso de Andalucía la Cámara de Cuentas también tiene un consejo de composición partidocrática y ha sido ajena a la inmensa mayoría de los casos de corrupción que se han conocido en los últimos años. Si bien hay que señalar como parcial disculpa el escaso grado de cumplimiento de la rendición de cuentas por los ayuntamientos: en el ejercicio de 2011 sólo el 28% cumplieron con su obligación cuando la media autonómica fue del 81% de cumplimiento. No se tienen noticias que los ayuntamientos no cumplidores hayan sido sancionados, lo que constituye un notable agravio con las personas o empresas que no cumplen con su obligación fiscal.

En un tiempo en el que los ciudadanos está experimentando una creciente desafección con las instituciones públicas y que se reclama una regeneración democrática, la reforma de los órganos de control externo del sector público y los partidos políticos es urgente e imprescindible. Y para ello lo más importante es asegurar su absoluta independencia y profesionalidad, por lo que los consejeros deben ser seleccionados por su capacidad y experiencia. Además, debe exigirse al parlamento que la presentación de las memorias anuales del órgano de control no constituya un mero trámite y que la presentación del estado de cuentas de los entes públicos sea de obligado cumplimiento. Por otra parte, sería conveniente acortar los plazos de presentación de los estados de cuentas para que se pudiesen valorar cercanamente a la elaboración de los presupuestos de cada año, y también que en los presupuestos se incorporasen indicadores de eficacia y eficiencia al objeto de poder evaluar las políticas.