NOS hacemos cruces con las noticias que llegan de EEUU, con millones de llamadas, mensajes y correos electrónicos controlados por las fuerzas policiales y las agencias de seguridad. Noticias que han provocado que el propio Obama tuviera que comparecer para explicar lo que parecía una obviedad: es necesario combatir el terrorismo islamista desde todos los flancos, y eso obliga a mantener una vigilancia exhaustiva sobre las comunicaciones. Fundamentalmente contra las que realizan personas procedentes de países en los que Al Qaeda cuenta con una influencia e infraestructura que atrapa a un alto porcentaje de sus habitantes, pero también se debe ampliar la vigilancia a estadounidenses aparentemente libres de sospecha que son susceptibles de estar en contacto con personas cercanas a organizaciones terroristas islamistas. Por cierto, sigan si pueden la serie Homeland.

El problema de las escuchas en EEUU, circunscritas según Obama a la lucha contra el terrorismo y con la previa autorización judicial, lleva a preguntarse por la situación en España. Es absolutamente seguro que los servicios de inteligencia y de investigación de la Policía y Guardia Civil controlan docenas de miles de teléfonos y correos, y es su obligación hacerlo porque desgraciadamente el terrorismo también tiene a España entre sus objetivos; pero en los últimos tiempos se ha producido una proliferación de publicación de documentos, conversaciones y correos electrónicos, en absoluto relacionados con cuestiones delictivas, que provocan cierta incertidumbre. Hoy es habitual que políticos, empresarios, abogados, miembros de la judicatura o periodistas se anden con cautela a la hora de mantener una conversación telefónica o enviar un whatsapp por temor a que llegue a manos a las que no debe llegar.

Son excesivos los casos en los que la carga de la prueba se basa en conversaciones supuestamente privadas. Que Torres guardara los correos de Urdangarín demuestra su mala fe, pero también el caso Campeón se basa en correos y conversaciones telefónicas, y el caso Gürtel, y el caso ERE, y aquí aparecen transcripciones, facturas, emails, y notas que demuestran que son miles las personas controladas por jueces -si efectivamente se contaba con la autorización judicial-, pero también que no existe seguridad en el control de las grabaciones. Crece la sospecha de que las garantías sobre la privacidad se desmoronan a ojos vista.

Para desgracia de todos, se ha vuelto a hacer habitual aquella frase que se pronunciaba con sorna durante la dictadura. "Mando un cordial saludo a los que nos están escuchando".