NO es que hiciera falta su constatación empírica, pero el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero ha puesto números a la realidad preocupante que crece entre los españoles: la corrupción y el fraude se erigen ya como el segundo problema nacional en la consideración de los ciudadanos, solamente superado por el insoportable desempleo. Los datos de la encuesta oficial se evidenciaron a partir de un trabajo de campo realizado en la primera quincena de febrero, recién estallado el caso Bárcenas, con la publicación de los supuestos sobresueldos cobrados por dirigentes del PP y del Gobierno. Este escándalo cuyas consecuencias distan mucho de estar ya sustanciadas ha sido el detonante que ha disparado la estimación de los españoles sobre la gravedad de la corrupción, que ha desbancado a los problemas económicos y a la clase política en general como segundo motivo de preocupación de la ciudadanía. Hasta en un 40% de los cuestionarios respondidos por los sondeados por el CIS aparece mencionada expresamente esta preocupación, un porcentaje que duplica el registrado en el barómetro de enero, antes de que la opinión pública conociera las andanzas del ex tesorero nacional del PP. Es de destacar que, aunque se trata de un asunto de ámbito nacional que requiere soluciones y medidas aplicables a toda España, los partidos políticos andaluces vienen desarrollando negociaciones encaminadas a combatir esta lacra en el territorio andaluz y en las instituciones de este nivel territorial. Algunas de las medidas que se podrían adoptar serán objeto de regulación en la prometida ley de transparencia. Aunque las negociaciones no han hecho más que empezar, es posible detectar un espíritu constructivo entre los representantes de las tres organizaciones políticas con presencia en el Parlamento andaluz. Los partidos se han intercambiado sus propuestas y en sus primeras respuestas han dejado entrever que el consenso es, si no total, al menos probable en algunas cuestiones fundamentales relativas a las finanzas de los partidos, el control de sus gastos de funcionamiento y operaciones financieras y la prohibición de las donaciones de carácter anónimo. Es necesario que la buena voluntad teórica y la predisposición al acuerdo que se están manifestando acaben por plasmarse en un conjunto de medidas de saneamiento de la vida pública. Lo exige una ciudadanía sensibilizada y escandalizada y lo demanda el propio prestigio de las instituciones autonómicas, así como la credibilidad de los políticos de la región. No es hora de seguir denunciando la corrupción, sino de pactar los instrumentos democráticos para hacerle frente.