La noticia política de la semana en Andalucía, ha sido que la Audiencia de Sevilla, estimando parcialmente un recurso del PP, ordena a la juez Núñez Bolaños que reabra la pieza de la causa instruida por presunto fraude en los cursos de formación, que tuvo gran notoriedad porque estaban investigados (antes imputados) 24 altos cargos de la Junta, gobernada por el PSOE, y cuya cuantía se cifraba en 2.896 millones, destinados a dichos cursos. La causa se abrió por la juez Alaya y su sucesora en el Juzgado, la juez Núñez Bolaños en octubre de 2016, dictó auto de sobreseimiento, al considerar que no existía delito y exculpó, por tanto, a los altos cargos.

Ahora, la decisión que comentamos, que ha tenido amplio reflejo en los periódicos que edita el Grupo Joly, revoca el archivo de la causa, a solicitud del fiscal, porque (transcribo) "no se ha investigado lo suficiente para suponer que no hay ningún supuesto delito", para imputar (hoy seria investigar) a ex altos cargos socialistas "por el control y gestión de los casi 3.000 millones para la formación de parados". Por ello, la Audiencia ordena la práctica de diligencias que había admitido la anterior encargada del caso, la juez Ayala y que su sucesora había rehusado llevar a cabo. La misma resolución señala la inexistencia de indicios de que el Gobierno andaluz tejiera una red clientelar con estas ayudas y lo hace en respuesta a la alegación de los denunciantes de que entre los beneficiarios había 35 empresas vinculadas a ex cargos de la Junta o del PSOE, que recibieron 48,39 millones en ayudas y 50,6 el ex consejero Ojeda, pero sí que había expedientes sin justificar, con el riesgo de prescripción de la obligación de devolver si la ayuda no estaba justificada.

La pregunta es si ha existido una situación de descontrol, con el consiguiente quebranto de fondos públicos, o sólo un control tardío, sin perjuicio significativo y para ello habrá que saber que dinero se reclamó y cuánto se ha devuelto. La Audiencia ordena a la juez las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, que no realizó por el sobreseimiento, pero concluye que no ve parcialidad en la juez, como le acusaba el PP, aunque la juez está denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por la "desatención y retraso injustificado" en otras causas de corrupción y aclara que si la diligencia para esclarecer los hechos no dan resultado "será improcedente continuar la instrucción". En todo caso, un tema muy importante para un sobreseimiento prematuro.