Apuntaba el columnista Julio Camba que "siempre será preferible la estatua de un hombre corriente realizada por un genio a la estatua de un genio realizada por un hombre corriente". De la misma manera, puesto que los gobiernos pasan en tanto que los Estados permanecen, siempre será preferible un Estado fuerte con un gobierno débil a un gobierno fuerte con un Estado débil. No parece, sin embargo, que ese sea el sentir mayoritario de los medios de comunicación tradicionales en España, más interesados en la supervivencia del Gobierno del PP que en el saneamiento de las instituciones y la promoción de una auténtica regeneración democrática. Desde la enorme demostración del descontento que supuso el 15-M y la posterior aparición de Podemos, han sido legión los analistas obsesionados por aplicar de inmediato a sus representantes la presunción de culpabilidad y amplificar sus errores. La apuesta masiva y desaforada por Susana Díaz, capitana de la abstención que aseguraba el Gobierno del PP, para que ganara las primarias del PSOE frente a Pedro Sánchez, al que se presentó poco menos que como un alocado marxista-leninista, responde al mismo impulso. Muchos de esos comentaristas y medios nacionales han mantenido, por el contrario, una actitud tibia, cuando no claramente complaciente, con el "Luis, sé fuerte" de Mariano Rajoy, con la vergonzosa politización de la Justicia (la promoción de jueces claramente identificados con el PP a las altas magistraturas y las controvertidas actuaciones de miembros de la Fiscalía en casos relacionados con casos de corrupción protagonizados por miembros de ese mismo partido), con las supuestas prácticas de espionaje en el Ministerio de Interior (que ni siquiera provocaron el cese del titular), con la resistencia de los grandes partidos a asearse o con la supresión o jibarización de las diputaciones provinciales, convertidas en auténticas empresas de contratación de militantes de los grandes partidos y en financiadoras de muchos medios de comunicación.

Y en estas llega la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la vergonzosa e injusta amnistía fiscal, que ni ha hecho temblar al Gobierno ni ha provocado, como sería lógico en cualquier país occidental, la destitución inmediata del Ministro de Hacienda. Con lo cual cunde la impresión de que vivimos en una democracia formal bajo una dictadura económica, en un país con un Gobierno fuerte e impune y un Estado cada vez más débil. Eso, y no la impetuosa aparición de los nuevos partidos, es lo que está provocando la desafección popular y poniendo en serio riesgo el sistema.