Prescribir o no prescribir. Esa es la cuestión. ¿Cuándo un delito -o infracción- debe caer en el olvido? ¿O depende de qué sea -y quién la haga- no debe ser olvidada? Las respuestas a estas preguntas podrían variar según quién las dé. Por ejemplo, si un jurista, con la ley en la mano, analiza la situación dirá que sí o que no. En cambio, para el resto de la ciudadanía, por lo general no lo hace, menos aún si se trata de un cargo público. La controversia por el nombramiento del nuevo director del Instituto Andaluz de la Juventud de Granada (que acumula en su historial alguna que otra polémica) no cesa y, ahora, una organización LGTBI ha pedido su dimisión por su historial. No son los únicos, pues las redes sociales también se han inundado de críticas los últimos días por esta designación. Lo que está claro es que las instituciones, más siendo públicas, merecen que sus representantes sean los primeros en dar ejemplo. Porque si no, ¿qué sería de Granada? Pues quizá lo que es ahora, la capital andaluza de los homicidios -así lo muestran los datos del Ministerio del Interior- y también de las muertes políticas.