LOS datos son dramáticos. Los números asustan. Mes a mes la situación es más desesperada. En estos momentos no se ve luz al final del túnel ni aportación alguna por quien tiene que darla. La destrucción de empleo es cada día mayor -no hay más que leer las últimas cifras de la EPA: en torno a los seis millones de parados en España- y las ideas no brillan en el horizonte. No hay aportaciones destacables.

Debemos poner urgentemente en marcha el Plan de Depuración, objetivo que se marcó la Ley de Aguas de la comunidad autónoma de Andalucía en cumplimiento de normativa comunitaria. Y, suma y sigue, la puesta en marcha de Plan de Depuración sería en estos tiempos una oportunidad más que notable de crear empleo en la región.

Según la Ley de Aguas, para poner en marcha el Plan de Depuración se estableció un impuesto que grava a todos los andaluces por igual sea cual sea su condición y situación económica. Este canon de mejora es un impuesto finalista que todos los andaluces pagan así solidariamente, independientemente de que con anterioridad hayan pagado o no la construcción de estas infraestructuras de saneamiento y depuración en el recibo de agua de sus viviendas, y sólo se puede emplear solidariamente en obras de interés de la comunidad autónoma de Andalucía, según acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA 219.

Si miran el recibo mensual del agua lo verán en la última línea del mismo. Pero, ¿qué esta pasando con la recaudación de este impuesto?

Este impuesto, según marca la Ley de Aguas, lo cobran los ayuntamientos a través de las empresas que gestionan el servicio del ciclo integral urbano del agua, y debe ser liquidado e ingresado, se cobre o no al usuario, en una cuenta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

¿Qué está pasando? La mayoría de los ayuntamientos andaluces lo recaudan a través de las empresas que gestionan el servicio del ciclo integral del agua y lo ingresan, pero en ciertos casos aparece la picaresca en esta parcela de la gestión pública, y algunos ayuntamientos lo cobran pero no lo ingresan y algunos otros ni lo cobran ni lo ingresan.

Al ser un canon progresivo durante los cinco primeros años, el importe que se vaya recaudando se incrementa anualmente, desde los 45 millones de euros hasta los 100 millones de euros previstos en el quinto año y sucesivos. Esto sin tener en cuenta lo que suceda dentro de dos años con los edificios que aún tienen contador general y a los que se les aplicará la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Aguas -suspendida durante dos años después de las reuniones mantenidas con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía- que sufrirán un incremento del 300% en el canon de mejora y que supondrá incrementar la recaudación en unos 30 millones de euros.

Los planes de la Junta de Andalucía eran financiar a 25 años las 300 depuradoras incluidas en el Real Decreto de actuaciones de especial interés con la recaudación de este canon. Estos planes previstos por la Consejería de Medio Ambiente cuando se implanta la Ley de Aguas de Andalucía se han venido abajo como un castillo de naipes. Los bancos actualmente no financian teniendo en cuenta la situación de la deuda andaluza. La recaudación obtenida hasta el momento -la ley es clara y contundente- sólo se puede utilizar en estas obras de depuración. En estos momentos, desde ASA-Andalucía desconocemos en qué proyectos se están invirtiendo estos fondos.

ASA-Andalucía, que agrupa al 95% de los abastecimientos y saneamientos de Andalucía, ha propuesto y propone la firma de convenios con entidades públicas y con sus empresas gestoras, publicas, privadas o mixtas, para posibilitar la puesta en marcha urgente de este plan de infraestructuras de depuración, que supondrá crear entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo directos durante su construcción y entre 2.000 y 3.000 empleos consolidados para su mantenimiento, siendo en buena parte un empleo altamente cualificado; por otro lado, permitiría disponer de la financiación de 1.500 millones de euros necesaria para acometer el Plan de Depuración a través de las entidades gestoras del ciclo integral del agua; al tiempo, evitar que esta financiación compute como endeudamiento a la Junta de Andalucía y entidades locales.

Reclamamos la puesta en valor de una recaudación que se está realizando y que no se puede utilizar para otros fines que para la depuración de las aguas residuales.