DESPUÉS de cierta remisión de la "tormenta" mediática que el anuncio de la venta sin receta médica y sin límite de edad de la píldora del día después, que la responsable del Ministerio de Sanidad, junto a la titular de Igualdad, realizaron hace escasos tres días, nos gustaría hacer algunos comentarios y consideraciones respecto al tema, sin pretender otra cosa que exponer una opinión razonada y despasionada.

Vaya por delante mi pensamiento, mantenido a lo largo de años, de que cualquier medida sanitaria o en el campo de la salud de trascendencia social importante y que pueda ocasionar en sus planteamientos o desarrollo un enfrentamiento social más o menos violento, ajeno a las propias connotaciones del hecho sanitario, lo he visto siempre con cierta preocupación.

Siento cierto desasosiego cuando la toma de decisiones importantes en el mundo de la salud no va precedida, como debería ser, de ultimar los consensos, agotar los diálogos, mostrar la exquisita prudencia en el desarrollo de las medidas que se quieran o se deban de adoptar.

Medidas como las que nos ocupan deben ser abordadas, enunciadas y decididas dentro del consenso más amplio posible, analizados seriamente sus pros y sus contras .

La píldora del día después se dispensa en España desde hace ocho años. La píldora del día después o para "la anticoncepción de emergencia" (Levonorgestrel) es un compuesto sintético derivado de la testosterona. Desde los inicios de 2001 se implanta en diversos Estados su prescripción, amparados en diversas disposiciones legales que regulan la edad, sanitarios responsables de su autorización o administración. En España se prescribe desde ese mismo año.

Es evidente que, como la mayoría de los medicamentos del arsenal terapéutico en uso, puede tener efectos secundarios o precauciones de empleo que, como es habitual y establecido por la ley, se expresan en sus instrucciones (en el Vademécum Internacional, en su última edición (2008), se menciona que el Levonorgestrel puede tener efectos secundarios frecuentes, como aumento de sangrado, menstruación más abundante, cefaleas, dolor en hipogastrio, náuseas, etcétera).

Ciertamente la preocupación por la cifra de embarazos no deseados o del número de abortos en España (112.000 en 2007) nos tiene que hacer a todos reflexionar, pero al igual que nos fijamos en países como Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo o recientemente Estados Unidos, para apoyar su dispensación sin receta, tenemos que tener en cuenta que allí se han quemado otras etapas importantes en materia de educación sexual, nivel de información de la sociedad, asesoramiento del mundo sanitario... Creo que afirmar, como se ha hecho por la ministra que… "no tiene efectos secundarios, ni ningún tipo de contraindicación…" requiere alguna matización.

Hasta ahora, en Andalucía, que es donde vivimos, la prescripción por el médico de familia se realiza de una forma eficaz, rápida y sin problemas en el 95% de los casos; ese contacto profesional sin duda permite asesorar, conocer efectos secundarios y corregirlos.

Es paradójico afirmar, como se ha hecho en el rueda de prensa de la ministra que "…serán los médicos y farmacéuticos los que tendrán en sus manos la responsabilidad de dar la información sobre el producto a las usuarias, es decir, mujeres de cualquier edad...", a la vez que se anuncia y decide "que esa píldora se venderá sin receta y sin limite de edad…"

Es lógico pensar que puedan surgir una serie de interrogantes. ¿Cómo y cuándo se ejercitará esas responsabilidad y asesoramiento si ello no es demandado por la usuaria? ¿Cómo se podrá regular o conseguir su empleo excepcional u ocasional ("anticonceptivo de emergencia") sin reiterar su uso? ¿Es adecuado que una niña-adolescente de corta edad pueda decidir por sí sola su aplicación? ¿Contribuirá a disminuir otras medidas más seguras en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y ausencia de efectos secundarios? ¿Por qué para medicamentos de uso común como antibióticos, analgésicos, etcétera, se exige receta y para un tratamiento hormonal no? ¿Por qué su dispensación no se sigue realizando por los médicos de familia, centros de planificación familiar o de orientación sexual, sin restricciones, pero con garantías de asesoramiento e información adecuada?

Si, como se ha reconocido por la titular de Igualdad "la Estrategia de Salud sexual y Reproductiva que "en breve" será presentada en el Consejo Interterritorial de Salud que incluirá la formación en salud sexual y otros aspectos para beneficiar a los colectivos más perjudicados…", ¿por qué no esperar a someter estas medida a un mayor consenso y discusión, donde las medidas sean adoptadas con la serenidad y sosiego necesario, fuera de "puestas en escena" oportunistas o más o menos interesadas, como comentábamos más arriba?