Ni el Gobierno ni la Generalitat consiguen frenar la ola de terrorismo callejero que asuela las principales ciudades catalanas desde hace 9 días. El sábado, sólo un milagro impidió que muriera abrasado un policía urbano de Barcelona, que se encontraba dentro de un coche que fue atacado con cócteles molotov. La Policía autonómica no cuenta con los apoyos de las autoridades políticas, empezó la CUP a poner en cuestión su trabajo y faltó tiempo para que se sumaran ERC y JxC, los dos partidos que comparten el gobierno en funciones. Partidos que pretenden modificar el modelo actual por el que se rigen los Mossos para restar atribuciones a sus brigadas antidisturbios, lo que provoca que la policía autonómica se vea obligada a actuar con la máxima cautela para no ser acusados de extralimitarse en sus funciones.

A las autoridades políticas les tiene sin cuidado el alto número de mossos heridos en los actos vandálicos que protagonizan los que supuestamente se movilizan para expresar su apoyo al rapero Hasel. Lo de supuestamente se debe a que cada vez son menos las reivindicaciones sobre el derecho a expresarse libremente, y más los asaltos propios de bandas callejeras que van incluso más allá de las actuaciones habituales de los antiglobalización. En las manifestaciones de estos días los independentistas catalanes cuentan con el refuerzo de miembros que hicieron carrera en la kale borroka. Juntos, asaltan bancos y hoteles, destrozan escaparates y sobre todo tiendas en las que se dedican al pillaje. Delitos todos ellos que no tienen nada que ver con la libertad de expresión.

Cataluña se hunde, el independentismo ha laminado su modernidad, su cultura, su señoría y su economía. Miles de empresas han cerrado y otras tantas han trasladado sus sedes a regiones más seguras. Entre ellas, algunas de las que colocaron el nombre de Cataluña en lo más alto. Es responsabilidad de la Generalitat, pero también del Gobierno de Sánchez, que ha dado alas al independentismo al necesitar su apoyo para sacar adelante los presupuestos y polémicos proyectos de ley.

La principal responsabilidad de un Gobierno, de derechas o de izquierdas, es garantizar la vida de sus ciudadanos. Hoy en Cataluña, por desidia de Moncloa y de la Generalitat, no está garantizada en ningún aspecto. Es inconcebible que no se hayan tomado las medidas necesarias para cortar de cuajo la toma de las principales ciudades por parte de hordas dispuestas a arrasar con todo lo que encuentran por delante. Ni populistas, ni independentistas, ni antisistema. Simplemente, salvajes.