No habría que oponer nada a la creación de un gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias, si para lograrlo no tuvieran que pagar un altísimo precio a socios que lo apoyan directamente -caso del PNV que ahora se suma al soberanismo- o indirectamente, con la abstención, ya aprobada, de los independentistas de ERC, cuyo jefe Junqueras está en la cárcel por graves delitos contra la unidad del Estado, a la que podía sumarse Bildu, los herederos del terrorismo etarra, frenado por la unión de los demócratas. Tres días de debate de investidura -4,5 y 7- tras la que ambos líderes podrán cumplir su sueño y dormir plácidamente, al fin, pese a repudiarse meses antes. Sánchez, para continuar en La Moncloa, sin cambiar el colchón, e Iglesias para conseguir el anhelado regalo de Reyes -en los que no cree- de tener una vicepresidencia y varios ministerios.

Nada deberíamos objetar, ni siquiera a su programa, pero si recordarles que no tienen potestad para vender porciones de un país que nos corresponden a todos los españoles y, por lo tanto, no pueden disponer a su antojo de territorios, derechos e historia -ni siquiera con apoyo parlamentario porque sus señorías no son nadie fuera de las normas de la Constitución, no mencionadas-. No son vulgares estafadores que disponen de bienes colectivos, pero el peaje que pagará Sánchez a los independentistas para lograr su ambición personal no lo soportará España. Las líneas de la mesa entre iguales, tras la investidura confirmada por ERC, están basadas en una 'consulta' o referéndum sólo en Cataluña que podría abocar en la anhelada autodeterminación.

También es preocupante que, camuflados entre festividades navideñas, donde gran parte de los ciudadanos está de viaje, en reuniones familiares y bastante ajenos a los medios se haya presentado la Coalición y, además, sin dejar entrar a los periodistas para evitar preguntas imprescindibles. Sólo había cámaras de televisión y fotógrafos para recoger el 'histórico acontecimiento'. Era lo más parecido a una dictadura bananera y un agravio a las reglas democráticas que parecen despreciar en este comienzo.

Sánchez abre la puerta infranqueable, hasta ahora, a los intentos de apropiación de territorios que son de todos los españoles y no sólo de los lugareños, como es el caso de Cataluña o del País Vasco. Veremos cómo se justifica la parcial venta de Sanchez-Iglesias de la indivisible nación española y de los derechos, en igualdad de condiciones, de todos los españolitos, que se negociarán en la mesa entre gobiernos iguales. Este vergonzoso peaje no le causará insomnio a un político con pocos escrúpulos que será, a partir del día 7, presidente del Gobierno de una nación en defunción. ¡Pobre PSOE!