Gobierno y oposición no están a la altura que exige la tragedia del Covid-19. Cuando se enzarzan los partidos políticos en el Congreso en enfrentamientos personales y de grupo sobre el interés general, pensamos si realmente habría que reducir el hemiciclo, casi con el mismo aforo que las medidas de distanciamiento han reflejado -y el Senado-, porque el trabajo de muchos parlamentarios se reduce a aplaudir al jefe y votar. Y para qué hablar del inútil aumento de miembros del Gobierno Sánchez-Iglesias, cuyo elevado coste de vicepresidencias, ministerios, direcciones generales y la legión de asesores podría dedicarse a fortalecer la sanidad pública.

Empecemos por el disparate gubernamental. ¿Cómo pueden confiar los ciudadanos en un Gobierno incapaz de hasta contar los muertos reales de la epidemia, en una macabra danza de cifras que ofenden a fallecidos y familiares? Tampoco parece normal que Sánchez sorprenda, hasta a sus afines, creando problemas inoportunos en medio del principal que afecta a todos -salud, muerte, crisis económica, miseria- con ese acuerdo absurdo con Bildu -que duele a los socialistas que han sido víctimas de los atentados de los etarras- para eliminar la reforma laboral, sin contar con los agentes sociales y económicos. La ministra Calviño tuvo que recordar que lo ciudadanos pagamos a los gobernantes para que resuelvan los problemas y no para crearlos. Últimamente el ministro de Interior, Marlaska, ha originado un terremoto político-judicial-institucional destituyendo al coronel de los Cobos por negarse a facilitar al Gobierno un informe que una jueza había encargado a la Guardia Civil, como policía judicial, sobre las manifestaciones y actos multitudinarios celebrados en Madrid el 8-M. Debería saber un magistrado de la experiencia de Marlaska que el Gobierno no puede injerirse en las investigaciones judiciales, provocando dimisiones y ceses en serie en la Guardia civil. No ha ejercido ese despotismo ningún Gobierno en la democracia, desde Felipe González a Rajoy. Pero el tándem Sánchez-Iglesias pretende controlar todo, en su afección dictatorial, limitando libertades y división de poderes.

La oposición tampoco ha estado a la altura, aunque es verdad que Sánchez sólo escucha a los socios a los que les debe el poder, lo único que le interesa prolongar. Casado se ha perdido en ataques personales y, por si fuera poco, la 'marquesa' -el vicepresidente dixit- Cayetana Álvarez de Toledo ha descendido al fondo al llamar 'hijo de terrorista' a Iglesias -que por cierto acusó en cierta ocasión a González de estar manchado de cal viva-. En el extremo, Vox se ha envuelto en banderas -constitucionales, eso sí- como si fueran los únicos que la defienden. Con el disparate nacional no puede ni el Covid.