Desde que la extrema derecha forma parte, aunque sea en la sombra, del gobierno de algunas instituciones se ha dejado sentir su presencia en más de una ocasión. Desgraciadamente, donde esa presencia ha sido más clara es en todas las políticas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres y, muy especialmente, en la lucha contra la violencia de género. Tampoco hay que extrañarse: si una organización niega la existencia de algo, sería absurdo que se mostrara de acuerdo a la hora de destinarle recursos o montar programas para ese algo inexistente. Hasta ahí, coherencia total.

Lo malo, para quienes vivimos en Granada, por ejemplo, es que sin que sea muy evidente, pero de forma implacable, los acuerdos PP-Cs-VOX están desmantelando servicios que han costado no solo recursos, también muchos esfuerzos, muchas luchas y durante muchos años.Ese es el caso del área de igualdad del Ayuntamiento de Granada. Desde este área se supervisa el buen funcionamiento del Centro Municipal de Información a la Mujer, con el que se ayuda a la lucha contra la violencia de género y se gestionan becas y ayudas para asociaciones de mujeres; también es el área encargada de velar por el cumplimiento del V Plan de Igualdad, aprobado por unanimidad de los grupos municipales en el anterior mandato.

Desafortunadamente, en el año y medio transcurrido desde las últimas elecciones municipales, el área de Igualdad del Ayuntamiento ha ido perdiendo personal sin que haya sido sustituido. La última gota: la Junta de Gobierno Local ha eliminado de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento la Jefatura de Servicio del área de Igualdad de Oportunidades. Puede ser el primer paso para desmantelar el servicio completo, distribuyendo sus competencias en otras áreas.

Aunque el concejal responsable del área se ha apresurado ha desmentir la pérdida del servicio y a justificar la decisión tomada, lo cierto es que con menos personal se ofrece peor servicio y, si añadimos todos los inconvenientes que la situación sanitaria implica, es innegable que las miles de mujeres que acuden anualmente a este servicio, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad, pueden verse desatendidas por la administración, precisamente la local, la que debería ser más cercana y asequible.

Ni la optimización de recursos humanos ni la racionalización y reasignación de efectivos interáreas pueden ser coartada para poner en entredicho la viabilidad del V Plan de Igualdad ni, en mayor medida aún, poner en riesgo la asistencia a las mujeres que lo necesitan. No valen excusas, se trata de garantizar derechos.