ARTUR Mas ha pedido disculpas por su desafortunada frase -desenfadada, dice él- acerca de que los escolares catalanes hablan bien el castellano mientras a los andaluces y gallegos a veces no se les entiende. A él, en cambio, se le entiende todo perfectamente.

No es la primera vez, ni seguramente la última, que a un presidente de la Generalitat, sea Pujol o Mas, se le escapa, tratando de defender el ajado oasis catalán, algún menosprecio a la idiosincrasia, forma de vida o forma de expresarse de los andaluces. Reflejan cierto complejo de superioridad, ha replicado, con razón, Griñán.

Estas intemperancias de nacionalismo rico tienen la virtud de unir mucho a las fuerzas vivas de Andalucía, que responden raudas, con reprobaciones y rasgadura de vestiduras, a la ofensa. Pero son bastante más ofensivas y perjudiciales para nuestra comunidad las actitudes de Convergencia Democrática de Cataluña, sus tomas de postura, sus iniciativas y sus maniobras. Como la que acaba de protagonizar estos últimos días a cuenta de los recortes y ajustes sociales, ciertamente más radicales que en el resto de las comunidades autónomas.

El Gobierno catalán anunció, en efecto, que no iba a poder abonar las subvenciones a los geriátricos y centros de discapacitados durante dos meses, condenando a la intemperie a los ciudadanos más indefensos entre los discriminados. Tres días después el consejero de Bienestar y Familia ha rectificado y afirma que lo pagarán casi todo. "Hemos visto que el problema (de financiación y liquidez) no era tan grave y lo hemos podido solucionar", declaró.

Al mismo tiempo que lanzaba el globo sonda de la ruina total que le impediría ayudar a ancianos y discapacitados para recular ante las protestas, la Generalitat ha modificado en el Parlamento catalán la ley de consultas a fin de poder convocar un referéndum sobre el concierto fiscal. Se trata de organizar una consulta a los catalanes para que apoyen un pacto con el Estado "fuera del régimen común y de la negociación multilateral". Hablando en plata, negociar directamente con el Gobierno que salga de las urnas un sistema de financiación semejante al vasco, que permita a Catañuña "la exacción, recaudación, gestión, liquidación, inspección y revisión (¡qué mogollón!, que también acaba en ón) de todos los tributos generados en Cataluña". Sería imprescindible esta financiación a la carta para aportar menos a la Hacienda española y no tener que cerrar las residencias de ancianos, como ha estado a punto de suceder. Esta es la argumentación de fondo.

Se exprese en catalán o en castellano, ¿a que a Artur Mas se le entiende todo perfectamente? Pero se disculpa sólo por la frase.