Mientras Susana Díaz y Pedro Sánchez juegan a prometerse el odio eterno, para desgracia de su partido y alegría de Pablo Iglesias, el Gobierno apura como puede los plazos para acordar al precio que sea la vía libre a la Ley de Presupuestos (la más traicionera de todas, por las sorpresas que guarda) y asegurarse así al menos un año de legislatura, lo que no es poco en los tiempos que corren. Lo que se dice vivir al día. Descartada casi la mitad del arco parlamentario, sólo puede contar con Ciudadanos y con algunos nacionalistas de la periferia, excluidos los catalanes por razones obvias.

Y allí que han ido los muy vascos del PNV, con su cupo debajo del brazo y esa pinta de educados y prósperos empresarios de Las Arenas, a pedir sin el menor disimulo todavía mayores prebendas de las que ya gozan por ley desde casi los tiempos de las guerras carlistas, como contraprestación a su necesario apoyo. También los canarios han pedido lo suyo, y porque Revilla no puede, que si no ya estaba también el hombre camino de la Moncloa contándole de camino un par de chistes al taxista. Y se metían con el PA: en el peor momento hemos dejado de votarlo, diría socarrón un amigo andalucista.

En el fondo, lo anterior no es más que otro capítulo más en el desolador desarrollo autonómico de nuestro estado compuesto, la eterna factura que el Estado central tiene que abonar en beneficio de las comunidades que tienen la suerte de contar con representación parlamentaria, por muy exigua que ésta sea, y que aprovechan las coyunturas favorables que les otorgan las minorías para barrer descaradamente para casa. Lo que empezó en las cenizas del felipismo cuando Pujol era un honorable hombre de estado y aumentó Aznar en la época que leía catalán por las noches, es hoy moneda tan corriente que a nadie sorprende ya.

Aunque se venda el acuerdo como la opción menos mala en términos de estabilidad y gobernabilidad, a mí me parece un negocio reprobable, por varias razones: privilegia la posición de unos territorios sobre otros sin razones económicas o de cohesión que lo justifique; consagra la España de las dos velocidades, bien presente pese a la cansina letanía del "café para todos"; y aplaza la necesaria resolución del reparto de la riqueza con base en criterios objetivos y razonables. Y a todo esto, ¿han oído o leído alguna queja de algún representante público desde Andalucía?