Editorial

Para evitar el choque de trenes

LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha irrumpido en el conflicto entre Cataluña y el resto de España con la fuerza que se deriva de su elevado poder institucional y su condición de referente privilegiado del principal partido de la oposición nacional. Ha viajado a Cataluña y lanzado el mensaje que había preparado en los tres ámbitos en que se movió en tierras catalanas: un mitin del PS de Catalunya, una entrevista con el presidente de la Generalitat y una conferencia en un prestigioso foro. El discurso trenzado por Díaz tiene como base la necesidad del diálogo y el consenso entre el Gobierno de la nación y el Gobierno catalán para evitar el choque de trenes que se avecina a causa del proceso independentista impulsado por el segundo a través de un referéndum ilegal. Aunque en algún momento la presidenta de Andalucía ha tratado de mantener la equidistancia hablando de separatistas y separadores -alusión, esta última, poco afortunada sobre el Gobierno de Rajoy-, el núcleo de su argumentación se ha centrado en la reclamación del pacto entre las dos instituciones enfrentadas por el bien de Cataluña y de España. La salida que ve Susana Díaz para desatascar el contencioso antes de que sea demasiado tarde apenas ha sido esbozada, aunque coincide con los planteamientos del PSOE a nivel federal y con las reflexiones de los ex presidentes Chaves y Griñán: la reforma constitucional en un sentido más federalizante, lo que implica el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, la conversión del Senado en cámara de representación con poder decisorio sobre los asuntos autonómicos, el reconocimiento de las singularidades de los territorios que integran España y un nuevo modelo de financiación. A este respecto, conviene no olvidar que la reforma de la Constitución en sus capítulos más trascendentes requiere amplísimas mayorías de parlamentarios y de ciudadanos y un procedimiento largo y complejo. Dado que el Partido Popular no parece dispuesto a respaldarla en esta coyuntura, la propuesta de Susana Díaz corre el riesgo de ser inviable. Por otra parte, hay que prevenir seriamente sobre la vaga referencia a las singularidades de las comunidades autónomas. Si lo que se quiere decir es relativo a las especificidades culturales o históricas de cada comunidad autónoma, no habrá ningún problema de altura para resolverlo. Pero el reconocimiento de cualquier singularidad que lleve aparejado algún tipo de privilegio para un territorio respecto a los demás y que eso se consagre en una Constitución reformada, no sería en absoluto admisible. Creemos que ningún Gobierno andaluz lo aceptaría. Sería una traición al espíritu del 28-F.

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