La esquina

Estado de excepción financiera

SE avecinan tormentas entre el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos. Tormentas de intensidad notable y procedentes de dos frentes con fuerza de ciclón: la financiación autonómica y el control sobre las cajas de ahorros.

El periódico La Vanguardia daba cuenta en su edición de ayer de encuentros discretos entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, y el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, en los que se está ultimando el acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. "Ambas partes niegan cambios para evitar que otras autonomías utilicen el pretexto del agravio", decía el diario.

Pero ayer mismo Zapatero viajó a Barcelona y desveló el secreto a voces: del incremento de recursos para las autonomías previsto en el sistema de financiación Cataluña recibirá un porcentaje por encima de la media de todas las comunidades. La voluntad de ZP es, por lo tanto, atender finalmente las reivindicaciones de Cataluña. Su objetivo sería apagar un volcán cuya erupción se ha ido preparando desde hace meses en aquella comunidad rica y taponar la grieta que los diputados del PS catalán en el Congreso estaban a punto de originar en la de por sí precaria mayoría parlamentaria socialista. El problema va a ser, lógicamente, cómo explicar ese pacto bilateral -en un asunto nítidamente multilateral desde el punto de vista político, e incluso jurídico- en las comunidades pobres, sean del PSOE o del PP.

El otro frente no es menos peliagudo. Dentro de diez días el Gobierno va a aprobar el fondo de reestructuración para bancos y cajas de ahorros (9.000 millones de euros) con la siguiente premisa: cuando una caja en dificultades reciba ayuda procedente de dicho fondo el Banco de España se hará con la gestión de la entidad y podrá decidir su fusión con cajas de otras regiones, sin que las comunidades autónomas puedan ejercer el derecho de veto que actualmente tienen. Es decir, dejando aparte la problemática de los bancos privados, el plan de rescate de las cajas lleva aparejado una especie de estado de excepción sobre las mismas, con la suspensión de algunos apartados de la vigente Ley de Cajas.

Ya la hemos liado. Lo que pretende el Gobierno es discutible legalmente, porque un decreto difícilmente puede alterar lo que estipula una ley, y menos en un asunto que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y otros, consagran como de competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Pero es que políticamente todavía se presenta más conflictiva la idea de Salgado. Las cajas son un instrumento tan goloso y está ya tan saboreado por los gobernantes autonómicos que amputarles su control puede provocar una guerra institucional de consecuencias imprevisibles. Hablamos del poder de verdad.

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