A UN siendo importante qué comunidad autónoma ganará más o menos con el nuevo sistema de financiación, lo cierto es que es más justo que el anterior. Sobre todo, porque actualiza la población, una corrección que por increíble que parezca antes no se hacía, de ahí que haya regiones que cobren casi 900 euros más por habitante al año que otras. El sistema que presentó ayer la vicepresidenta Elena Salgado solventa estas diferencias, y desde el primer año las diferencias que llegaron a ser de 40 puntos porcentuales, pasan a 30. Si todo transcurre como indican las fórmulas, el abanico se habrá cerrado bastante en 2012, año en el que los mecanismos estén a pleno rendimiento. Esto se conseguirá porque ninguna comunidad autónoma cobrará menos que ahora y porque hay mecanismos de solidaridad que seguirán funcionando. De hecho, el 80% de los recursos del sistema van destinados a procurar que los españoles, vivan donde vivan, tengan garantizados los mismos recursos para sanidad, educación y servicios sociales. Andalucía consigue lo que venía defendiendo la Junta: que un sistema justo para España termina beneficiando a nuestra comunidad. El hecho de que la población sea el criterio de reparto que más pese, y que éste se corrija con el mayor peso de la población escolar, coloca a Andalucía en el mismo lugar que ahora: sobre la media, considerando, eso sí, que la media es más alta. La Junta ha conseguido 1.795 millones de euros de los más de 11.000 millones adicionales con los que el Gobierno ha dotado el sistema, que es una cifra ligeramente superior a lo esperado por la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo. Queda por saber cuánto conseguirá Andalucía del total, pero será algo más del 18,4%. Una vez analizados los datos, sería bueno que el mayor número de comunidades se sumaran al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todas las gobernadas por el PSOE lo harán, incluida Baleares, Cataluña y Extremadura, que estaban en polos opuestos. Valencia, Murcia y Madrid no podrán renunciar al nuevo sistema, porque el anterior las ha castigado en exceso. Sólo cabe una gran preocupación: que los fondos adicionales no superen el 3% de déficit pactado con el Gobierno.

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