El sistema público de pensiones está de actualidad continua desde hace varios años debido a los problemas de sostenibilidad que tiene el modelo en el que se basa; un modelo creado hace muchos decenios en un mundo y con un sistema productivo que no tienen nada que ver con la situación actual.

En la actualidad más reciente hemos podido apreciar una preocupación social creciente, sobre todo desde que en 2012 se procedió a una reforma unilateral que acabó con el principio de actualización en base a la evolución del IPC imponiéndose el criterio de actualizar las pensiones con solo el 0,25%.

De hecho, en los últimos meses se han incrementado las movilizaciones de diversas organizaciones y plataformas que, con miles y miles de personas mayores al frente, reivindican acciones institucionales para asegurar la sostenibilidad del sistema público, la subida de la pensión mínima a los 1.000 euros y la actualización anual en base al IPC.

Todo ello, en un contexto de envejecimiento poblacional que permite anticipar un fuerte incremento del número de personas con derecho a pensión en los próximos 15 años. En esta situación, cobra especial interés resaltar la importancia del Pacto de Toledo como instrumento para asegurar que la sostenibilidad y la supervivencia del sistema público de pensiones se haga en el marco de un consenso institucional y social.

Por lo pronto, hace 72 horas el Pacto de Toledo acordó por unanimidad volver a vincular el crecimiento de la cuantía de las pensiones en base a la evolución del IPC. Esta es una buena noticia.

Pero no es suficiente con esta medida porque lo más difícil y complejo está aún por acordar. Decisiones sobre la edad de jubilación, los años exigibles para tener derecho a la jubilación, las cuantías mínimas y máximas o la pertinencia o no de incorporar nuevas vías de financiación procedentes de los impuestos generales, (además de las cuotas a la seguridad social), son asuntos complejos sobre los que no hay acuerdo.

Las pensiones públicas son un asunto de Estado y como tal, requiere de grandeza de miras y de posicionamientos que prioricen el interés general sobre intereses de parte. Es exigible trabajar por la sostenibilidad con urgencia y con solvencia.

Se requiere valentía para anticipar las medidas necesarias que permitan hacer viable un sistema público que debe ser justo con los mayores. Ello implica cuantías para una vida digna con actualizaciones que impidan perder poder adquisitivo en el marco de un sistema público reconocido y garantizado constitucionalmente. Una tarea difícil para Gobierno, oposición, sindicatos y organizaciones sociales pero un tarea imprescindible. Busquemos y reclamemos el consenso.