ME sorprendió la huelga de controladores aéreos de viaje y sólo por chiripa he podido librarme de los efectos del desastre. Desde la distancia preocupada los noticiarios internacionales desasosiegan: alarman al turista potencial y dañan la imagen de España en una medida imposible de calcular.

A la vuelta la situación se ha normalizado en los aeropuertos, aunque la anormalidad ya ha afectado sin remedio a los cientos de miles de ciudadanos que han perdido todo o parte de sus vacaciones y vuelos de trabajo. Y todo este caos lo ha generado un colectivo de poco más de dos mil personas que han tomado a un país entero como rehén de su disputa con el Gobierno. Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos.

Como todos los sectores laborales o profesionales, el de los controladores defiende sus reivindicaciones. Más o menos justificadas. En este caso, menos, según lo veo yo: ganan mucho más dinero y son menos productivos que sus colegas del entorno europeo más próximo. Es cierto que hace unos meses el ministro Blanco les hizo ganar menos y trabajar más horas, y eso no le gusta a nadie. También lo es que los anteriores ministros de Fomento (Álvarez Cascos y Magdalena Álvarez) les habían malacostumbrado, con convenios lesivos para el interés público, ya que les concedían una capacidad de autoorganización del trabajo impensable, sólo entendible por el poder de este gremio para llevar la nación al caos.

El error de los controladores ha sido echarle un pulso al Estado con una huelga salvaje (¿por qué nunca han convocado una huelga legal a la que tienen derecho como los demás trabajadores?), y también cobarde, dándose de baja por enfermedad, pero una baja concertada y planificada, que se mostraron dispuestos a terminar... en cuanto el ministro firmase la aceptación de sus exigencias, es decir, la rendición.

Afortunadamente, el Gobierno no ha cedido. No podía ceder ante un chantaje que hubiera deslegitimado su autoridad, y actuó con la firmeza y la determinación que la situación demandaba y que la irritación ciudadana pedía a gritos, militarizando a los controladores y abriendo expedientes a los insurrectos. De este modo, un Ejecutivo en su peor momento en las encuestas de opinión ha recobrado fuerza y el colectivo de controladores ha escalado las más altas cimas del desprestigio popular. No existe hoy ningún gremio tan denostado. Si querían guerra, la han perdido, aunque la sustitución de los que resulten sancionados laboral o penalmente no es tarea fácil ni rápida.

También es positivo que, a pesar de algunos voceros destemplados y miserablemente electoralistas, el PP haya decidido cerrar filas con el Gobierno limitándose a pedirle explicaciones. Lo normal.