Esta boca es tuya

Antonio Cambril

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Los hijos de Juana Rivas

Mientras se decide quién gana la batalla, los jueces deben ponerse las togas y asegurar la protección de los niños

El destino de Juana Rivas, Francesco Arcuri y sus dos hijos evoca el arranque de Ana Karenina según el cual todas las familias felices se parecen y las desgraciadas lo son cada una a su manera. La protagonista de Tolstoi pierde el contacto con su hijo tras enamorarse de un hombre que no es su marido. La maracenera padece la misma pena tras sufrir lesiones de manos de su esposo y retener ilegalmente en Granada a sus dos pequeños. En una sentencia durísima, fue condenada a cinco años de cárcel, seis sin la patria potestad y el pago de 30.000 euros a Arcuri. Ahora, una psicóloga italiana considera, en un informe pericial encargado por la juez que instruye el caso sobre la tutela de los menores, que Juana sufre "un trastorno mental patológico".

Sus conclusiones han sido cuestionadas por Miguel Lorente, forense de la Universidad de Granada, en otro documento en el que, leo en la prensa, junto a datos y argumentos incontestables desliza que la psicóloga ha cometido errores metodológicos a sabiendas para favorecer a Arcuri. Esto no es un partido de fútbol, pero Lorente lo ha convertido en un enfrentamiento España-Italia. Cuesta pensar que el patriotismo de la perita la lleve a manipular los datos e ignorar la suerte de los críos. Es más lógico entender que actúa con buena fe y que, simplemente, puede equivocarse. Pero, aunque acierte, siempre quedará la duda sustancial de si el supuesto trastorno de Juana es anterior o posterior al maltrato y si el secuestro fue fruto de la desesperación o de un mal asesoramiento legal.

Juana Rivas ha cometido errores graves, entre ellos el de someterse a una sobreexposición mediática que ha dañado su imagen. Hay, sin embargo, hechos incuestionables que respaldan su causa. El primero la confirmación judicial de que Arcuri la lesionó. Y el segundo: presentó hace dos años otra denuncia por agresión que sestea en algún juzgado de Cagliari y que debería haberse resuelto hace mucho.

Hay aquí un maltratador claro: la Administración de Justicia que, con su tardanza, impide iluminar el asunto. Hay también dos víctimas seguras: los niños, que pueden estar siendo usados como rehenes. Uno de ellos, con doce años y algún uso de razón, señala conductas impropias del padre que la psicóloga achaca a la presión ejercida sobre él por la madre. Mientras se decide qué progenitor gana la batalla, los jueces deben ponerse las togas y las pilas y asegurar de inmediato su protección.

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