La colmena

Magdalena Trillo

mtrillo@grupojoly.com

Los 'hombres de negro' en Sierra Nevada

Sierra NEVADA no sería hoy Sierra Nevada sin Jerónimo Páez. No sería uno de los pilares de la economía de Granada, una de las estaciones más valoradas de toda Europa y una de las banderas de gestión del propio Gobierno andaluz si no fuera por su ambiciosa etapa al frente de Cetursa: hace más de veinte años que levantó, de verdad, una estación de esquí, construyó un parking con cerca de 3.000 plazas -una locura entonces que hoy está más que sobrepasado a las 9:30 de la mañana- y consiguió el escaparate del Mundial obligando, incluso, a la organización a retrasar un año la celebración por falta de nieve.

Pero la gestión de Jerónimo Páez al frente de Cetursa, con sus órdagos a las instituciones y sus enfrentamientos con los ecologistas, probablemente hoy le hubiera costado más de un disgusto en los tribunales... Lo suele confesar, medio en serio medio en broma, cuando debatimos sobre cualquier tema de actualidad en Granada y acabamos en crónica judicial: "Poco ayudan a este país". Se refiere a cómo la judicialización de la vida pública y el exceso de controles burocráticos torpedean el crecimiento económico...

Me pregunto si Granada tendría hoy un problema en la Sierra, de acceso y de crecimiento, si sus planteamientos de hace tres décadas se hubieran llevado a cabo hasta las últimas consecuencias. Porque se hizo lo que se pudo, lo que le dejaron, y la realidad hoy es que estamos ante una estación de esquí que es un embudo, con dificultades para llegar y para aparcar, con horas de cola para coger un telesilla, con unos precios de alojamiento desorbitados, con una endiablada gestión de la plantilla -con los 'controladores aéreos' de la nieve- y con unos servicios públicos costosos y deficientes porque Monachil no tiene el más mínimo interés en invertir si no se cumple la ecuación de 1 euro = 1 voto.

El PP, a nivel regional, ya ha puesto en marcha la apisonadora a instancias del nuevo Gobierno de Juanma Moreno. Sierra Nevada, como la Alhambra, tienen que convertirse en "banderas del cambio". Esta misma semana se ha nombrado a un inspector de Hacienda como nuevo consejero delegado y se ha cesado del cargo a la socialista María José López. El mensaje es claro: hay que levantar alfombras; hay que demostrar que la gestión ha sido nefasta y que llega el PP para enderezar los desmanes. Como en la sanidad. Destruir para construir a modo de salvadores aunque el coste sea irreversible.

En realidad, el relevo al frente de Cetursa no es más que un formalismo en la hoja de ruta del nuevo Ejecutivo (PP-CS) tras la victoria del 2-D aunque se esté vistiendo de tremendismo. ¿Se "fulmina" a la consejera delegada? La polémica modificación de los estatutos -que se ha convertido en un importante escollo para renovar la dirección y el consejo de administración- se tendrá que explicar, los reparos que hace dos años puso la Cámara de Cuentas tendrán su recorrido -circunscritos a posibles irregularidades administrativas- y la investigación penal que ha abierto la Fiscalía -con un trasfondo todavía por desvelar- nos terminarán diciendo si estamos ante una campaña de distracción e intoxicación o ante un escándalo -equiparable al caso Alhambra- por cuanto simbolizaría de "chiringuito" del PSOE.

Otra cuestión, sin embargo, es la situación misma de Sierra Nevada y sus posibilidades de desarrollo. ¿De verdad pensamos que la estación se puede privatizar? Salvo que la regalemos... ¿De verdad pensamos que un teleférico puede ser rentable? Salvo que los subvencionemos con nuestros impuestos como si fuera un autobús...

El PP, a nivel provincial, ya ha situado el teleférico a la Sierra como uno de los proyectos estrella de la "Gran Granada" con que disputa la Alcaldía de la capital: Sebastián Pérez lo defendió hace un par de semanas en el Palacio de Congresos cuando presentó su candidatura con el respaldo de Juanma Moreno y Pablo Casado y, desde ese momento, ha ocupado buena parte de la campaña preelectoral de los populares.

¿Es viable desde el punto de vista económico y medioambiental? ¿Con qué tipo de modelo de servicio y financiación se acometería el proyecto? Estas preguntas forman parte del necesario debate sobre una infraestructura de tal envergadura pero hay una cuestión mucho más prosaica. Pensando que hubiera inversión y que todas las cuestiones anteriores las contestamos con un sí: ¿se pueden duplicar y hasta triplicar la presencia de esquiadores y visitantes sin hacer crecer el área esquiable y sin construir un segundo párking como en su momento se proyectó?

Porque Sierra Nevada está hoy con la dimensión que le dio en los 90 Jerónimo Páez mientras otros reclamos del esquí en España como Baqueira se han multiplicado por tres. Allí estamos en un valle donde viven decenas de familias y aquí en un pozo limitado por los condicionantes de conservación de un Parque Nacional. Allí se pueden permitir tener una plantilla durante la campaña y aquí hay que sostener el personal los 365 días del año. Baqueira es rentable y Cetursa, después de amortizaciones, roza la ruina.

No perdamos la perspectiva, la empresa pública nació en los años 60 con capital privado -bajo el paraguas del desaparecido Banco de Granada- y ya en los 80 tuvo que salir la Junta a rescatarla a través del IFA para sanearla y evitar su quiebra.

Hoy por hoy, la pregunta tendría que ser otra: ¿ponemos un número clausus de acceso como en la Alhambra para preservar un servicio de calidad? No es ninguna provocación; es un ejercicio de pragmatismo.

No he empezado este artículo volviendo a los tiempos de Jerónimo Páez de forma gratuita. El debate de fondo en la Sierra es el mismo que hace 50 años: Cetursa es una empresa tremendamente compleja y difícilmente privatizable; la orografía y la climatología se convierten en condicionantes determinantes de toda la gestión; gran parte de los problemas internos con la plantilla son consecuencia de la imposible aplicación de la ley de contratos del Estado -incluidas las 35 horas-; y, a diferencia de otras estaciones de esquí de EEUU o Canadá donde son los empresarios los que asumen la cofinanciación de la prestación de servicios y mantenimiento, aquí los delegamos en la propia empresa y en Monachil para que unos pocos ganen y todos perdamos.

Por mucho que lo queramos maquillar, la realidad de la Sierra es una: está colapsada. El parking tal vez sea el ejemplo más contundente: en su día fue tildado de "obra faraónica", Páez rechazó el proyecto de los arquitectos municipales de apenas 300 plazas y ya entonces advirtió que se quedaría corto. Así ha sido.

Cuando la gestión privada de la Sierra fracasó salieron al rescate la Junta y el Ayuntamiento. Hoy, quienes la salvaron y la proyectaron puede que no sean capaces ni de abrir un debate sólido sobre su futuro y ampliación. Y admitámoslo, la misión encomendada al inspector Ibáñez -justamente por su alto perfil técnico y su prestigio en Hacienda- no parecen ir en este sentido. No si quienes intervienen son los jueces y los hombres de negro. Es inaudito pero, al contrario de lo que ocurre en cualquier otro destino turístico de cualquier país, lo que ahora comienza en la Sierra es una campaña de desprestigio. Y, de nuevo, beneficiosa para unos pocos y perjudicial para todos.

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