QUE un centro de acogida de menores inmigrantes -en Otura para más señas- lleve más de dos años funcionando sin licencia municipal no da buena espina. Algo tan delicado e importante como la protección de la infancia debería estar tratado con algodones. Hasta el más mínimo detalle, tanto las circunstancias en las que se encuentran estos menores como la entidad que se responsabiliza de ellos, debería estar vigilado con lupa. Conviene dejar claro que la carencia de este papel no significa ni que las intenciones de la asociación sean dudosas ni que los menores no estén bien atendidos, pero desde luego el hecho de que la Junta no se haya asegurado de que todo estuviera en regla en el centro antes de concertar las plazas es, por lo menos, preocupante. No olvidemos que está en juego lo más sagrado, la infancia.