El pasado fin de semana, los sindicatos y asociaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad se han manifestado en contra de las modificaciones de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', que se tramitan en el Congreso. Creo que la convocatoria de dicha manifestación ha sido un error, al menos por dos motivos.

En primer lugar, en un Estado democrático de Derecho toda la ciudadanía ha de identificarse con sus fuerzas y cuerpos de seguridad; debe sentirlas como propias cualquiera que sea su ideología. Para ello es fundamental que mantengan una exquisita neutralidad política. Sin embargo, es difícil que buena parte de la ciudadanía perciba esa neutralidad cuando las ve manifestarse junto a los líderes de PP o Vox, que representan a menos del 40% de la sociedad española.

Pueden aducir que son esos partidos los que han apoyado sus reivindicaciones profesionales. Pero aquí radica el segundo error: las reivindicaciones que han motivado la manifestación no son profesionales, sino políticas. No se reclamaba un incremento salarial o mejores condiciones laborales. El objeto de la manifestación era pedir que no se apruebe una ley en la que se eliminan las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, especialmente al derecho de manifestación, introducidas por un Gobierno Rajoy asustado por el 15M. Pese a lo que decía la pancarta, los cambios que se proponen en la nueva ley de seguridad ciudadana no afectan directamente a la lucha contra la delincuencia. Se refieren al ejercicio de derechos fundamentales o a su adecuado respeto en la actuación de las fuerzas de seguridad. Las personas que protestan o se concentran por algún motivo no son delincuentes sino ciudadanía ejerciendo un derecho fundamental que, lógicamente, pueden extralimitarse y, en ese sentido, ser objeto de sanción.

En puridad, los cambios que van a introducirse en esta ley pretenden que deje de ser una 'ley mordaza', corrigiendo los excesos que ha denunciado la Comisión de Venecia y el propio Tribunal Constitucional, en el siempre difícil equilibrio entre libertad y seguridad. En este sentido, ¿cómo se puede pedir el mantenimiento de la autorización administrativa para grabar en una manifestación cuando el Tribunal Constitucional la acaba de declarar inconstitucional? En definitiva, creo que se equivocan estas organizaciones sindicales tanto al quebrar la apariencia de neutralidad política que se espera de ellas como al posicionarse públicamente en contra de eliminar límites al ejercicio de derechos fundamentales.